Putumayo, en la historia reciente del país, es uno de los departamentos que más han sufrido el conflicto armado y la desigualdad en el crecimiento económico. Basta ver las cifras: entre 1997 y 2017 se registraron 179.508 víctimas del conflicto armado. Además, la tercera parte del departamento es pobre y en las cabeceras municipales los jóvenes están en riesgo de dejar sus estudios para vincularse a economías ilegales, relacionadas con el narcotráfico.
Después, vino la tragedia. Una avalancha que destruyó a la capital del departamento, dejó 333 personas fallecidas y más de 20.000 afectadas. Incluso hoy, como contó Pilar Cuartas en El Espectador, hay familias buscando a los desaparecidos y apenas enterrando a sus muertos. La comunidad dice, por cierto, que la cifra oficial de muertos es muy baja: ellos calculan por lo menos 3.000.
Por esa incongruencia entre los datos oficiales y los relatos de los sobrevivientes es que es importante que el país pueda responder varias preguntas difíciles. La principal: ¿podía evitarse?
La Fiscalía viene investigando a Sorrel Aroca Rodríguez, gobernadora de Putumayo, por presunto homicidio culposo. En síntesis, el ente investigador dice que hubo negligencia en la preparación para una crisis eventual y que el desastre debía haberse prevenido.
Ella, no obstante, no está de acuerdo. En entrevista reciente con El Espectador, habla de la ausencia de estudios que expliquen lo ocurrido y se defiende: “las dimensiones de lo que nos ocurrió son tales que no pudieron ser previstas ni contenidas”.
La respuesta a esa pregunta no es menor, porque va acompañada de otra que aplica para todo el país: ¿nuestras ciudades han sido planeadas de manera adecuada para que no haya riesgo de más tragedias? El cambio climático con sus implacables consecuencias, es inevitable. ¿Está Colombia lista para realizar los ajustes necesarios? ¿Existe la voluntad política?
Porque, incluso si hay dicha voluntad, Mocoa ha demostrado lo difícil que es la reconstrucción. Un informe de La Silla Vacía mira con lupa todos los proyectos propuestos por el Gobierno Nacional, que comprometió $1,2 billones en recursos, y la conclusión es la misma: avanzan, pero con lentitud.
No sólo es un tema de recursos, sino de obstáculos prácticos. Es muy complicado reconstruir una ciudad, reorganizarla, cuando lleva tanto tiempo desarrollándose sin criterios claros de prevención de desastres.
Mocoa y el Putumayo necesitan una nueva oportunidad en un país que durante muchos años los olvidó. Pero, también debemos pensar en los retos de los otros territorios marginados por la desigualdad y que son particularmente vulnerables en un país que no se construyó pensando en sostenibilidad. ¿Podemos evitar que ocurran estas tragedias de nuevo? Y, además, ¿podemos garantizar que todo el país tenga las mismas oportunidades de desarrollo?
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Por El Espectador
