La intervención del presidente Iván Duque ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) causa una fuerte disonancia en Colombia. La presentación del Estado colombiano habla de un compromiso inquebrantable con la paz, con lo acordado, con los firmantes y con la justicia transicional. Mientras tanto, la Corte Constitucional declaró que la situación de los excombatientes se encuentra en un estado de cosas inconstitucional por los riesgos a su seguridad y el debate público más reciente está concentrado en la falta de confianza que producen las versiones oficiales sobre lo ocurrido en Putumayo.
Ante la ONU, el presidente dijo: “Desde el primer día pusimos en práctica la política Paz con Legalidad, principio rector de la paz sin impunidad”. Reiteró lo que ha sido el discurso de este Gobierno desde sus inicios: que la existencia de grupos armados al margen de la ley —como el Eln, las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo— exige una aproximación compleja e integral al cumplimiento de lo pactado. En eso siempre hemos estado de acuerdo. La paz es incompleta mientras las armas se sigan utilizando en el país, ya sea bajo caducas excusas políticas, como en el caso de la guerrilla del Eln, o en la arrogancia de la criminalidad, como los grupos financiados por el narcotráfico. Estamos de acuerdo en lo que dijo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez: “El narcotráfico es el mayor enemigo de la paz en Colombia; por ello reiteramos el llamado a la corresponsabilidad contra este negocio infame, que ha robado sueños, desarrollo y progreso a nuestro país”.
Las inconsistencias empiezan a emerger cuando nos aproximamos a los detalles de lo dicho por el mandatario. “Hemos dado todo el apoyo a la institucionalidad para la verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo, por ejemplo. Sin embargo, el primer año de este Gobierno y este Congreso se perdió en discusiones innecesarias sobre unas objeciones a la ley que reglamentaba la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese punto tenemos una diferencia de interpretación con el presidente. Cuando visitó El Espectador, aseguró que su insistencia en las objeciones se trató de un esfuerzo por construir un apoyo más amplio a la justicia transicional, lo que suena loable, pero no se corresponde con la realidad que el partido de gobierno es el principal promotor de la derogación de los tribunales de paz.
Tal vez el punto más contradictorio del discurso del presidente tiene que ver con los excombatientes. El mandatario habló, con razón, de los apoyos que se han seguido dando, de la invitación a la Misión de la ONU para seguir en el país durante su gobierno, de que aún persisten proyectos productivos. También mencionó que, en comparación con otros posacuerdos de paz en el mundo, el nuestro no ha sido tan sangriento, lo cual puede ser cierto en las cifras comparativas, pero no anula la tragedia de que los firmantes de la paz son perseguidos y asesinados a tasas que alarmaron incluso a la Corte Constitucional.
Eso sí, queremos resaltar un aspecto clave de la participación del presidente Duque ante la ONU: la defensa con orgullo de la apuesta por la paz. Esa debería ser la política de Estado sin importar quién esté en la Casa de Nariño, tanto en el discurso como en la práctica. Que los candidatos a la Presidencia de la República tomen nota.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La intervención del presidente Iván Duque ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) causa una fuerte disonancia en Colombia. La presentación del Estado colombiano habla de un compromiso inquebrantable con la paz, con lo acordado, con los firmantes y con la justicia transicional. Mientras tanto, la Corte Constitucional declaró que la situación de los excombatientes se encuentra en un estado de cosas inconstitucional por los riesgos a su seguridad y el debate público más reciente está concentrado en la falta de confianza que producen las versiones oficiales sobre lo ocurrido en Putumayo.
Ante la ONU, el presidente dijo: “Desde el primer día pusimos en práctica la política Paz con Legalidad, principio rector de la paz sin impunidad”. Reiteró lo que ha sido el discurso de este Gobierno desde sus inicios: que la existencia de grupos armados al margen de la ley —como el Eln, las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo— exige una aproximación compleja e integral al cumplimiento de lo pactado. En eso siempre hemos estado de acuerdo. La paz es incompleta mientras las armas se sigan utilizando en el país, ya sea bajo caducas excusas políticas, como en el caso de la guerrilla del Eln, o en la arrogancia de la criminalidad, como los grupos financiados por el narcotráfico. Estamos de acuerdo en lo que dijo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez: “El narcotráfico es el mayor enemigo de la paz en Colombia; por ello reiteramos el llamado a la corresponsabilidad contra este negocio infame, que ha robado sueños, desarrollo y progreso a nuestro país”.
Las inconsistencias empiezan a emerger cuando nos aproximamos a los detalles de lo dicho por el mandatario. “Hemos dado todo el apoyo a la institucionalidad para la verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo, por ejemplo. Sin embargo, el primer año de este Gobierno y este Congreso se perdió en discusiones innecesarias sobre unas objeciones a la ley que reglamentaba la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese punto tenemos una diferencia de interpretación con el presidente. Cuando visitó El Espectador, aseguró que su insistencia en las objeciones se trató de un esfuerzo por construir un apoyo más amplio a la justicia transicional, lo que suena loable, pero no se corresponde con la realidad que el partido de gobierno es el principal promotor de la derogación de los tribunales de paz.
Tal vez el punto más contradictorio del discurso del presidente tiene que ver con los excombatientes. El mandatario habló, con razón, de los apoyos que se han seguido dando, de la invitación a la Misión de la ONU para seguir en el país durante su gobierno, de que aún persisten proyectos productivos. También mencionó que, en comparación con otros posacuerdos de paz en el mundo, el nuestro no ha sido tan sangriento, lo cual puede ser cierto en las cifras comparativas, pero no anula la tragedia de que los firmantes de la paz son perseguidos y asesinados a tasas que alarmaron incluso a la Corte Constitucional.
Eso sí, queremos resaltar un aspecto clave de la participación del presidente Duque ante la ONU: la defensa con orgullo de la apuesta por la paz. Esa debería ser la política de Estado sin importar quién esté en la Casa de Nariño, tanto en el discurso como en la práctica. Que los candidatos a la Presidencia de la República tomen nota.
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