Al final, la historia dirá que entre 2010 y 2017 el promedio de crecimiento económico en Colombia fue del 4 %, una cifra que debe celebrarse. Además, se redujo la pobreza del 47,9 al 27,9 %, sacando a 5,4 millones de colombianos de esta situación. El proceso de paz desencadenó una ola de confianza internacional que, en el 2017, representó más de 6,5 millones de visitantes, lo que aumentó a más de US$5.787 millones los ingresos por el rubro de turismo. Siete años de fuerte lobby y actualización institucional permitieron que el país entrara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que promete, a futuro, atraer más inversión extranjera y ayudar a la reputación colombiana en el mundo. También, la fuerte y organizada inversión en infraestructura mejoró las capacidades de transporte interno, lo que ayuda a la conectividad de las regiones y al comercio.
No son resultados despreciables. Especialmente si se tiene en cuenta el descalabro histórico que representó la caída del precio del petróleo, que de estar por encima de los US$100 el barril pasó a los US$27. Eso causó que la economía del país se desacelerara y sólo creciera 2 % en 2016 y 1,8 % en 2017. Las intervenciones del Gobierno para apretarse el cinturón lograron estabilizar el problema y por eso esta semana el ministro Cárdenas pudo decirle a Noticias Caracol que somos “una economía en plena reactivación”.
Dicho eso, queda la sensación de que el Gobierno pudo haber hecho mucho más si en su primer período se hubiese preocupado por diversificar la economía nacional. Cárdenas dijo que “uno no diversifica la economía de un día para otro, pero Colombia está en un buen camino”, lo cual es cierto, pero el país sólo inició ese proceso cuando llegó la crisis. Se siguió con la dañina costumbre de gastar y gastar en tiempos de bonanza y apretarse y buscar diversificación sólo cuando llegan las crisis. Esa ausencia de planeación pasó factura elevada.
Se habló también mucho de la “nueva economía”, cambiar el foco productivo para ubicarlo sobre la producción del conocimiento y que Colombia dejara de depender de las materias primas. Pero los resultados en esta área también son precarios. Incluso después de la tormenta, el país sigue siendo petrolero y extractivista; pocas son las señales que invitan a la esperanza sobre ese cambio prometido.
Además, después de cinco reformas tributarias, no deja de ser frustrante no sólo saber que se requiere una adicional sino que además la informalidad laboral sigue por las nubes, la tributación es muy baja y las clases medias son las que soportan la principal carga. El tan discutido aumento del IVA al 19 %, aunque trajo estabilidad, redujo dramáticamente el consumo. El resultado es que el gobierno de Iván Duque seguramente tendrá que aprobar otra reforma. No podemos seguir haciendo ajustes cada par de años, golpeando al consumidor y a la industria.
Finalmente, quedarán para la posteridad el escándalo de Odebrecht y la administración de la llamada “mermelada”, que creó un escenario ridículo: mientras el país se apretaba, el Gobierno negociaba inversiones a cambio de apoyos parlamentarios.
La administración Santos evitó una crisis que pudo ser peor, pero Colombia sigue necesitando una política económica coherente, ambiciosa y de largo plazo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.