Con la publicación del Decreto 1261 de 2026, Colombia entró en emergencia económica. El Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce que las medidas de atención a las víctimas y para empezar el proceso de reconstrucción implican una prioridad nacional. Es de esperar que haya reasignación de recursos, transferencia de competencias y otras medidas extraordinarias. Aunque habrá que ver con detalle cada uno de los decretos con fuerza de ley que se expidan a propósito de esta emergencia, nos parece evidente que es un paso necesario ante un desastre natural de suma gravedad.
Como ocurrió con las inundaciones en Córdoba durante la administración de Gustavo Petro, las afectaciones del terremoto justifican que el Gobierno modifique los temas en los que va a concentrarse. Para eso se crearon las figuras de emergencia en la Constitución. En momentos de retos extraordinarios, que requieren un Ejecutivo fuerte y capaz de actuar con rapidez, la carta política reconoce que hay procesos legislativos que son muy demorados y pueden saltarse. Sin embargo, como lo dijimos también en el gobierno anterior, el presidente De la Espriella y su equipo deben recordar que la potestad de expedir decretos de ley viene con la responsabilidad de delimitar su uso y no permitir que entren medidas que nada tienen que ver con el terremoto. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado necesitan priorizar el estudio de los decretos para darles transparencia a los colombianos y blindar de legitimidad lo que se haga.
Lo dijimos hace unas semanas: el Gobierno de De la Espriella tendrá todo su primer año en el poder marcado por las urgencias del terremoto. En alocución, el presidente dijo que los daños se estiman en unos COP 30 billones. Esas estimaciones pueden quedarse cortas, a medida que veamos cuáles son las necesidades de las víctimas y la cantidad de viviendas que tendrán que ser reconstruidas. Colombia no tiene el dinero suficiente para enfrentar esta emergencia con holgura. Entonces, el equipo económico del Gobierno necesita explicar cómo reasignará recursos, en qué montos y de qué manera lo hará sin empeorar el déficit fiscal. Es una situación compleja.
La declaratoria de emergencia da algunas pistas. Se habla de habilitar recursos del Sistema General de Regalías, modificar el esquema de Obras por Impuestos, vender de manera exprés los activos que tiene la Sociedad de Activos Especiales, eliminar restricciones al sector cooperativo para que pueda atender a más personas, apoyar a las micro y pequeñas empresas en el pago de salarios y seguridad social y permitir que el sistema financiero ofrezca créditos subsidiados. Es decir, se va a movilizar mucho dinero de manera muy rápida y sin atender a normas diseñadas para evitar la falta de transparencia. Es lo necesario, pero también debe haber vigilancia ciudadana y periodística y un esfuerzo del Gobierno nacional por contarle al país en qué y cómo se está gastando la plata. El reto administrativo no es menor, pues la coordinación entre entidades nacionales y locales es difícil en tiempos normales, ahora mucho más en un momento de emergencia. La clave será cuidar la plata al mismo tiempo que se le responde a las necesidades de la gente con celeridad.
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