La emergencia en el Chocó

La situación se complica por el torbellino político que se desató con una decisión de la Procuraduría. En rueda de prensa la semana pasada, el procurador Fernando Carrillo suspendió por tres meses al gobernador Ariel Palacios Calderón. / Foto: Gobernación del Chocó

Se suman y multiplican los problemas que tiene que enfrentar el Chocó en medio de la pandemia. Además de las desigualdades históricas, la falta de dotación y recursos en salud y la corrupción, ahora el departamento tendrá que enfrentar la crisis con un gobernador suspendido y un vacío de poder cuando lo que más se necesita es liderazgo. El Gobierno nacional debe prestar todo el acompañamiento necesario para que no veamos una tragedia.

Primero, fue el hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel del Chocó. El pasado 18 de abril, la Secretaría de Salud ordenó su cierre parcial y temporal, dado que cinco funcionarios fueron diagnosticados con COVID-19. Además, ya desde antes los médicos y prestadores de servicio de salud venían quejándose por la falta de pagos en una región que tiene muchas deudas, y más atrasos, para poder garantizar la efectiva protección de los derechos de los chocoanos.

Como contó El Espectador, el 7 de febrero, un mes antes de la llegada del COVID-19 al país, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses a Carlos Enrique Palacios Perea, gerente del hospital, por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones. Y así, podría hacerse un retroceso histórico para encontrar obstáculos contra la debida prestación del servicio de salud en el departamento.

Lo hemos dicho y lo repetimos: si los entes territoriales no tienen los recursos necesarios para fortalecer su sistema de salud de manera veloz, el coronavirus puede traer mucho dolor. Hace menos de un mes, la alcaldesa de Tumaco, Marpia Emilsen Angulo, dijo, en un cementerio: “en estas bóvedas nos enterraremos muchos por el COVID-19”. No podemos permitir que llegue a eso.

La situación se complica por el torbellino político que se desató con una decisión de la Procuraduría. En rueda de prensa la semana pasada, el procurador Fernando Carrillo suspendió por tres meses al gobernador Ariel Palacios Calderón.

Según un comunicado, “la Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal” en un contrato por $2.000 millones entre la Gobernación y la Fundación Chocó Saludable. El objetivo planteado era realizar, en los 29 municipios del departamento, ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

En efecto, se trata de un contrato que levanta suspicacias: ¿cómo pretendía hacerse ese tipo de pedagogía cuando estamos en cuarentena?, ¿no hay, acaso, otros rubros urgentes, como las deudas con los prestadores de servicios de salud? Sin embargo, la suspensión del gobernador deja sin cabeza política y en la interinidad a un departamento que tiene un cúmulo de retos enormes. ¿El coronavirus empeorará la tragedia?

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