La encrucijada del mínimo

Los primeros piden un aumento del 10%. Los segundos ofrecen otro de 3%, cercano a la inflación proyectada para el año 2009. Los primeros argumentan que el salario mínimo está muy por debajo del costo de la canasta básica y que el incremento pedido es irrisorio, apenas de unos cuantos pesos mensuales. Los segundos afirman que los costos laborales son muy altos en Colombia y que las condiciones económicas actuales son las más difíciles de los últimos años.

El Gobierno Nacional, en teoría un componedor, un conciliador neutral, ha hecho algunas insinuaciones estadísticas sobre el tema. El Departamento Nacional de Planeación afirmó la semana pasada que la productividad cayó más de 3% este año y que la inflación de alimentos estuvo por debajo de la inflación general. Ambas aseveraciones envían una señal precisa. Si no hay un acuerdo, insinúa el Gobierno, el incremento del “mínimo” será menor, probablemente cercano al 3%. El Banco de la República también sugirió recientemente que el aumento debería ser moderado.

Los trabajadores se quejan con razón de la lógica cambiante de las autoridades económicas. Cuando la inflación crece, como ocurrió el año pasado, las autoridades piden que el alza del salario mínimo sea moderada para no alimentar la inercia inflacionaria, y cuando la inflación decrece, como ocurrió este año, recomiendan que el incremento sea menor para consolidar la reducción en la inflación. Por otra parte, los sindicalistas niegan sin muchos argumentos que un incremento del salario mínimo afecte la cantidad y la calidad del empleo. Los estudios al respecto señalan, tal vez no de manera unánime, pero sí de forma mayoritaria, que los aumentos reales del salario mínimo reducen la generación de empleo formal.

En el debate sobre el salario mínimo confluyen dos maneras distintas de entender los asuntos económicos. De un lado están las posturas principistas que plantean la injusticia (a veces la inmoralidad) de un salario inferior a la canasta básica, insuficiente para acceder a unas condiciones de vida dignas. Del otro, las posturas realistas que ponen de presente los efectos adversos de un salario mínimo muy por encima de los niveles de equilibrio o de los estándares internacionales. Ambas posturas son difíciles de conciliar. Y ambas, desde su perspectiva, tienen algo de razón.

¿Cómo superar la encrucijada del salario mínimo? ¿Cómo encontrar un punto de encuentro entre posturas irreconciliables? La respuesta es sencilla. Ampliando la discusión, el abanico de propuestas, de medidas posibles. Trabajadores y empresarios deberían proponer, por ejemplo, salarios mínimos diferenciales por edad o por región o para áreas urbanas y rurales, subsidios empresariales a la generación de empleo, disminución de los impuestos al trabajo, mecanismos alternativos de contratación de aprendices y practicantes, etc.

En últimas, la Comisión de Concertación Laboral debería convertirse en una generadora de propuestas sobre cómo mejorar el empleo y los salarios, no simplemente en el escenario para discusión poco fructífera, en últimas inocua, sobre el incremento del salario mínimo. Como ocurre en casi todo el mundo, el salario mínimo debería ser fijado por el Gobierno, de una vez, sin negociación previa, teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores formales, de los informales y de las personas sin empleo.