Después de las masacres que hemos visto en Cauca, varios frentes del Estado Mayor Central (EMC) anunciaron el inicio de un cese al fuego antes de la reunión que tendrán con el Gobierno el próximo 8 de octubre. La noticia es bienvenida, aunque se recibe con la desconfianza que producen los incumplimientos previos, lo sanguinarios que han sido sus ataques recientes contra la población civil y las Fuerzas Armadas, y los discursos que utilizan de manera pública para justificarse. Esperamos que en efecto los fusiles y las bombas se silencien de una vez por todas, pero la administración de Gustavo Petro debe andar con cautela cuando no son claras las intenciones de los alzados en armas.
Hace una semana Cauca vivió una oleada de violencia profundamente dolorosa. Un líder indígena y un concejal fueron asesinados, mientras que un carro bomba mató a otras dos personas. De manera elocuente y precisa, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, dijo que “estos hechos evidencian la falta de voluntad de los grupos armados de querer avanzar hacia un camino de paz en Colombia”. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, agregó que es “intolerable que se esté pregonando la paz, hablando del cese y desarrollando actividades de esta naturaleza”.
Es un diagnóstico acertado. La legitimidad de los procesos de “paz total” está manchada por los constantes actos de violencia, que demuestran no solo el poderío de los grupos al margen de la ley, sino la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los colombianos. Así, el Estado, que ha mostrado generosidad desde que llegó el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, se sienta a negociar debilitado. Peor aún: las personas, que en últimas son las que tienen que refrendar cualquier pacto, sienten desconfianza. ¿Estaremos viendo nuevos procesos condenados al fracaso, como tantos otros en la historia del país? ¿Cómo puede el EMC decir que defiende al pueblo y, al mismo tiempo, asesinar a ciudadanos inocentes y mostrar completa arrogancia al referirse a lo ocurrido?
Ayer, en entrevista con Caracol Radio, Andrey Avendaño, vocero del EMC, siguió mostrando una preocupante ambivalencia. Dijo: “Ninguna de nuestras acciones está encaminada a afectar a la población” y “fue un error el atentando con el carro bomba, donde perdió la vida una profesora”, pero al mismo tiempo mencionó que no están “preocupados si se da o no la mesa de diálogos”. También agregó: “Deberíamos sacar a la población civil de la confrontación, pero es de ambas partes, no solo por cuenta de nosotros”. Si se sienten los ecos de la terquedad del ELN y también de los otrora miembros del Secretariado de las FARC previos a empezar los diálogos de La Habana, es porque se trata de la misma postura obstinada que tanto daño les hace a los diálogos de paz en Colombia.
Deseamos que cese el horror, por lo que seguimos apostándole a la paz. Pero los miembros del EMC deben comprender que sin hechos tangibles los colombianos no van a creer en sus promesas de terminar con la violencia y perderán esta oportunidad histórica.
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