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De manera irresponsable, el Congreso de la República aprobó, con orgullo patriótico, que la cadena perpetua sea sanción posible para quienes asesinen y abusen a menores de edad. La votación unánime de los senadores, acompañada por los aplausos en el Gobierno, demuestra lo irreflexivo que se ha tornado el parlamento, lo tranquilos que se sienten impulsando proyectos inútiles y lo irrespetuosos que son con la Constitución y con la Corte Constitucional.
Por donde se le mire, la aprobación de la cadena perpetua es un fracaso del Estado colombiano. Perdió credibilidad moral el Gobierno cuando desmanteló su comisión de política criminal porque sus expertos se opusieron a la prisión perpetua, solo para llenarla de académicos que dijeron lo que la administración de Iván Duque quería oír. No puede hablar el Ejecutivo de estar guiado por criterios técnicos cuando toma decisiones que van en contravía de los consensos históricos construidos por los expertos en criminalística y derecho penal.
Por su parte, el Congreso demostró su irrelevancia. En medio de la crisis del coronavirus, priorizó sus esfuerzos en aprobar, casi que a pupitrazo, una medida que no va a cumplir lo que promete, que quedó mal elaborada y que, además, desestabiliza los principios bajo los cuales fue construida la Constitución nacional.
Finalmente, sale perdiendo la Corte Constitucional. El tribunal está llamado a hacer respetar la Constitución y, sea cual fuere su decisión, tendrá que lidiar con los ataques a su legitimidad. Ya podemos adivinar las campañas de los políticos populistas si los magistrados tumban una reforma constitucional peligrosa como esta. Dirán que la Corte le falló al “pueblo”, que no tiene interés en proteger a nuestros “niños y niñas” y que por eso, clamarán los más oportunistas, habría que desmantelar el sistema de cortes que conocemos hasta el momento. Así no más, se avizora una crisis institucional justo cuando Colombia lo que necesita es fortaleza en cada una de las ramas del poder público.
Pero, además, ¿todo esto para qué? ¿Para un proyecto que estuvo mal elaborado? Como escribió Yesid Reyes Alvarado, el texto aprobado termina siendo beneficioso para los asesinos de menores de edad que hayan sido condenados bajo la ley pasada. Dado que esta reforma permite la revisión de la condena a los 25 años, algo que no ocurre en la actualidad, ¡terminarían saliendo antes de lo esperado los pocos condenados que hoy purgan sus penas! Un senador advirtió esta situación en el último debate, pero el Congreso decidió seguir adelante sin pensar mucho sobre el tema.
El presidente Duque dijo que “hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Como país reaccionamos y damos un mensaje claro de que los derechos de los niños están por encima de los demás”. Por su parte, la representante Martha Villalba, una de las autoras de la reforma, dijo que “hoy es un día histórico para el país, para las familias colombianas, para millones de niños y niñas. Los niños y niñas de Colombia tienen derecho a crecer con seguridad y bienestar”.
El problema es que tanta emoción es fantasiosa. La compleja realidad es que la violencia sexual y los asesinatos de menores seguirán ocurriendo, la gran mayoría silenciados en el entorno familiar; seguirán enmarcados en la impunidad y seguirán siendo un problema estructural. Todo mientras las instituciones pelean por una cadena perpetua que sirve para la autocomplacencia, pero no disminuye la tragedia.
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