El caso al que se refiere la tutela es una investigación adelantada por la SIC y por la que formuló pliego de cargos contra la FCF, dos empresas y 18 personas naturales, entre ellas altos directivos de la Federación, quienes se habrían confabulado para adjudicar y ejecutar el contrato de venta de boletería para los partidos de la selección en Barranquilla durante la eliminatoria del Mundial de Rusia, y que terminó en el presunto desvío masivo de boletas con fines de reventa.
Según la SIC, se adjudicó el contrato a Ticket Shop y a Ticket Ya, aunque los propios análisis de la Federación (así como de un tercero) daban como ganadora del proceso a otra empresa; además, esas comercializadoras recibieron información privilegiada antes de la apertura del proceso, pudieron enmendar su propuesta económica incluso después del cierre del proceso y era imposible que llevaran a buen término el contrato con los retornos prometidos a la Federación, dentro de los parámetros de la ley. Si la investigación encuentra que, en efecto, se violó la libre competencia, la SIC podría imponer multas hasta por $78.124 millones a los agentes de mercado involucrados y por más de $1.500 millones a las personas naturales.
Ahora, la FCF argumenta en la tutela que las declaraciones que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ha hecho sobre el caso podrían ser perjudiciales para el proceso en su contra y le está pidiendo a un juez de la República que le prohíba a Robledo y a cualquiera de sus funcionarios emitir cualquier concepto, comunicado de prensa o información relacionada con el caso hasta que el proceso concluya. Esto no tiene otro nombre que el de censura.
En entrevista con El Tiempo, el superintendente afirmó que la FCF busca “amordazar a la SIC” y que en caso de prosperar esa tutela, calificada como “insólita” por su entidad, otros funcionarios como el procurador y el fiscal, que suelen pronunciarse sobre investigaciones en curso, no podrían dar declaraciones y ni siquiera sacar comunicados, repercutiendo en la libertad de prensa y en el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados. Tiene razón.
La SIC, como ente de control y vigilancia, trabaja en defensa de los ciudadanos como consumidores, quienes deben tener la posibilidad de acceder a la información en una investigación de carácter administrativo que no tiene reserva sumarial, es de interés público y por lo tanto puede ser conocida en los medios de comunicación. Si se comprueba una violación a la libre competencia en el caso, se estaría atentando directamente contra los derechos de los ciudadanos.
La FCF, que debería ser la primera interesada en que este proceso se lleve a cabo de cara al público y con transparencia, ha optado por la censura. Y, de colofón, lo ha hecho por medio de un proceso ante la justicia, cuyos altos jerarcas desde hace años hacen parte de diversas comisiones de la Federación y son permanentes invitados a esos partidos de la selección que se comercializaron de manera sospechosa. Este último detalle, no menor, sería lo único que podría explicar que una tutela insólita como esta tuviera éxito. Y el precedente sería nefasto para la libertad de información.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.