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Si el fiscal general, Francisco Barbosa, pretendía mejorar su imagen y apaciguar las dudas que hay sobre la independencia de la Fiscalía, consiguió todo lo contrario. Sus desafortunadas intervenciones en medios de comunicación, que utilizó para enlodar la campaña presidencial de Gustavo Petro y para cuestionar su propia e innegable relación con el presidente Iván Duque, lo único que hicieron fue sembrar más dudas. Es una lástima que las instituciones se utilicen con torpeza, pues queda la sensación de que hay fines políticos detrás. Hoy más que nunca es necesario que el fiscal se declare inhabilitado en lo concerniente al caso de la ñeñepolítica y se nombre un fiscal ad hoc.
Primero fue la contradicción. Hablando con RCN, el fiscal Barbosa dijo que él no es “un fiscal que le entrega a la prensa todo lo que llega a la Fiscalía”. Sin embargo, en esa misma entrevista, anunció un audio donde “se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro”. Después filtró una grabación donde se escucha al presunto narcotraficante Ñeñe Hernández diciendo que Petro ganó en La Guajira porque los mineros “se le fueron con toda”. Si esa es la prueba reina, deja muchísimo que desear la labor del ente investigador.
Hay varios contrasentidos en lo anunciado por Barbosa. Para empezar, Petro hizo campaña oponiéndose a la minería y recibió abiertamente el apoyo del sindicato de mineros en La Guajira. ¿Será que se refería a eso el Ñeñe? ¿Qué herramientas probatorias hay para interpretar que hubo plata de por medio? En los audios que involucran la campaña del presidente Duque sí se mencionan dineros, en estos no. Ya que el fiscal le mostró esto a la opinión pública, es necesario que la Fiscalía le cuente al país qué otros materiales tiene en su poder. ¿Los tiene o eso es todo lo que hay?
El sinsabor aumenta cuando la actitud de Barbosa a las investigaciones de la ñeñepolítica ha sido tan decepcionante. Pese a ser un escándalo mayor, el fiscal lo deslegitimó, permitió la salida del país de una de las involucradas principales (Caya Daza, excolaboradora del senador Álvaro Uribe) y no ha demostrado la vehemencia que uno esperaría de la cabeza del ente acusador.
Esto nos conecta con la segunda intervención de Barbosa. Hablando en Hora 20, a propósito de la solicitud de varias organizaciones para que se aparte del caso de la ñeñepolítica y se nombre a un fiscal ad hoc, el fiscal lanzó una extraña frase: “Yo no tengo relación directa con el presidente en el marco de mi función como fiscal general”. Los hechos lo contradicen. Una amistad de años, haberlo acompañado en campaña, haber trabajado en Presidencia y haber sido nominado por el presidente son suficiente razón para pensar que, en una investigación que afecta directamente al mandatario, Barbosa tiene sesgos naturales.
Nombrar a un fiscal ad hoc no se trata de cuestionar la buena fe del actual fiscal general, sino reconocer que lo más importante es la legitimidad de la Fiscalía. ¿Qué tiene de malo permitir que un agente independiente se encargue de un caso tan importante para el país? ¿No es mejor que no haya motivos para dudas y malas intervenciones? Es preferible eso a las declaraciones problemáticas que vimos esta semana.
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