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La zozobra persigue a las fuerzas armadas de Colombia. El 12 de agosto tres policías fueron asesinados y otro resultó herido en un ataque de las disidencias de las FARC en Morales (Cauca). Al día siguiente, un carrobomba contra la subestación del corregimiento de Timba, también en el Cauca, asesinó a otro subintendente. El 16 de agosto, los uniformados de la subestación de Policía de La Gabarra, en Norte de Santander, fueron hostigados con explosivos y ráfagas de disparos. En la mañana, cerca de la zona, en la vereda de San Carlos, fue asesinado un soldado y otros cuatro quedaron heridos por una emboscada con explosivos. Para completar el panorama desolador, ayer, 18 de agosto, en Cumbitara (Nariño) dos soldados profesionales fueron secuestrados después de ser emboscados por las disidencias de las FARC. Ya van 40 uniformados asesinados en lo que va del 2023.
La crisis no tiene atenuantes. Lo dijo el director de la Policía Nacional, general William Salamanca: “Están lanzando granadas de mano, hostigando con ráfagas de fusil contra las estaciones de Policía. Reiterar firmeza ante estas amenazas. Hemos recibido informaciones de un plan pistola de las disidencias de las FARC en varios departamentos. Estamos en máxima alerta”. Cuando ocurrió la tragedia en el Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue vehemente: “La Policía va a ayudar a hacer un esfuerzo agrandando su presencia en las cabeceras municipales. Dejan de haber bachilleres en la Policía en esta zona y dejan de haber soldados regulares del Ejército. Pasa a ser el Ejército profesional en territorio caucano y exactamente lo mismo con la Policía”. Son medidas necesarias en un conflicto que se viene recalentando.
Según dijo el Ministerio de Defensa, la ola de ataques con especial énfasis en Nariño, Norte de Santander y Cauca se debe a los resultados de la fuerza pública en la captura de cabecillas de las disidencias de las FARC. Se trata, entonces, de una vil venganza en medio del conflicto irracional, que ha hecho que estas regiones se sientan como en los peores momentos de violencia en los años 90. El respaldo institucional a todos los uniformados, así como del país entero, debe ser inquebrantable. Si no hay una estrategia de seguridad eficiente, seguiremos viendo el empoderamiento de los grupos criminales y el recrudecimiento de sus tácticas. Esta historia ya la conocemos.
Tal vez el inminente cese al fuego entre el Estado Mayor Central y el Gobierno Nacional, que se sumará al que está vigente con el ELN, sirva como modelo para que los grupos al margen de la ley comprendan que la única opción viable es la paz. El problema es que el deterioro de la seguridad, que se vio desde la firma del acuerdo de La Habana y ha continuado en el pasado gobierno y en este, no permite crear incentivos suficientes para que los criminales se sometan a la justicia. Mientras haya espacios del territorio sin control estatal, el terror se seguirá sembrando y contaremos tragedias, tanto de uniformados como de civiles. No podemos permitir que la zozobra se convierta en la norma.
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