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La intervención de la Fuerza Pública en los campus universitarios se ha hecho de una manera inadecuada e improductiva. Con la expedición de un protocolo autorizando ese tipo de medidas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, perdió legitimidad ante estudiantes, profesores y directivas y encendió un debate que debería darse lejos de las tensiones que vive el país por los paros nacionales recientes. La pregunta es cómo garantizar de la mejor manera la seguridad de las universidades públicas en los momentos de disturbios sin estigmatizar a los miles de manifestantes pacíficos. La respuesta no puede ser el actuar unilateral y apresurado de las autoridades.
La semana pasada, la Fuerza Pública entró al campus de la Universidad de Antioquia. Lo hizo para responder a algunos encapuchados que, al parecer, estaban manejando papas bomba dentro de la institución, en el marco de unas protestas mayoritariamente pacíficas. La intervención de las autoridades, en vez de tranquilizar el ambiente, ocasionó que ayer la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Antioquia se declarara en paro. ¿No hay, acaso, una mejor manera de actuar?
John Jairo Arboleda, rector de la universidad, dijo que nunca fue consultado sobre la entrada de las autoridades. Además dijo que se opone a ese tipo de medidas, no porque los campus estén vedados para la Fuerza Pública, sino porque la entrada “no es efectiva, no es eficiente y además genera este tipo de cosas que ustedes vieron. La presencia del Esmad incluso genera riesgos para los mismos integrantes del Esmad. Nos parece que esas persecuciones en caliente no generan los resultados que se buscan, la medida no evita, no corrige y además no disminuye los efectos de lo que está tratando de combatir”. Los resultados parecen darle la razón: el número de capturados y procesados es reducido, mientras las tensiones entre la Alcaldía y los universitarios aumenta.
Como escribió Pascual Gaviria en su columna de El Espectador: “La discusión no es tanto de legalidad como de oportunidad e inteligencia”. Estamos de acuerdo en que la Fuerza Pública tiene la potestad de entrar a todos los espacios donde haya una amenaza para la seguridad, pero tiene que ser consciente de las consecuencias de ese tipo de intervenciones. Debe, entonces, ser una medida extraordinaria y siempre estar acompañada por una conversación directa con los centros educativos.
Un buen mecanismo para garantizar la legitimidad de estas intervenciones es consultar siempre a los rectores o incluso esperar a que sean ellos quienes las soliciten. Pero los esfuerzos de socialización no deben quedar ahí. Viendo la enemistad que ha despertado la intervención en la Universidad de Antioquia, Quintero debería buscar la manera de entablar conversaciones directas con los estudiantes, los profesores y las directivas. Construir confianza pasa, por ejemplo, por aceptar que se han cometido errores y que es necesario que los campus se sientan como espacios seguros de cualquier tipo de agresión, interna o externa.
Los ejercicios de la fuerza son siempre disruptivos, por eso se deben utilizar con suma precaución e inteligencia. Hace ocho años no se autorizaban este tipo de medidas en la Universidad de Antioquia y no pueden abandonarse los aprendizajes que se han logrado en todo ese tiempo. Es mucho más difícil que simplemente pedirle al Esmad que intervenga, por supuesto, pero es un deber que tienen todos los alcaldes del país.
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