El martes pasado, grupos armados vinculados al narcotráfico sembraron el terror en Guayaquil, ciudad más poblada de Ecuador. Dejaron al menos diez muertos, ocho de ellos policías. Además, un grupo armado ingresó a la sede TC Televisión y secuestró a los empleados en plena transmisión del noticiero. En al menos ocho provincias ha habido carros bomba, incursiones en universidades y saqueos. Cientos de comercios y oficinas han cerrado por la situación de pánico en todo el país. La intención de los delincuentes de doblegar a las autoridades fue respondida por el presidente Daniel Noboa con el anuncio de “conflicto armado interno”, que le permite al Ejército apoyar a la Policía en el manejo del orden público. Los gobiernos de la región, entre ellos el de Colombia, han expresado su apoyo a Noboa y al fortalecimiento de la institucionalidad. Esta solidaridad debe ser total.
El país vecino vive una situación que se viene deteriorando. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras denunciar a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, como el principal narcotraficante y la mayor amenaza para el país, demostró el poderío de estas bandas criminales. Justo este domingo anterior, alias Fito, líder de la banda de Los Choneros que opera junto al cartel de Sinaloa, se escapó de la cárcel en Guayaquil, lo que llevó a Noboa a invocar el lunes el estado de excepción. Luego, se anunció en Riobamba la fuga de Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos, junto a 38 reclusos más. Este grupo opera junto al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Con la policía en la calle buscando a los fugados, y la toma por parte de hombres fuertemente armados del plató del canal de televisión TB, en Guayaquil, así como el asesinato de ocho policías y dos civiles en las calles de dicha ciudad, al Gobierno no le quedó alternativa distinta a declarar el conflicto armado interno.
Esta delicada situación se había venido incubando en los últimos años sin que los gobiernos anteriores hubieran tomado las medidas reales para afrontar un cáncer de esta dimensión. Tanto los expresidentes Rafael Correa, Lenín Moreno como Guillermo Lasso, fueron incapaces, cuando no complacientes, con dichas bandas, en especial Los Choneros y Los Lobos, que se han convertido en un poder fáctico dentro de las cárceles del país, así como del tráfico de drogas tanto a escala interna como internacional. De allí que Guayaquil adquiera una doble importancia para ellas, no solo por ser la ciudad con mayor número de habitantes, tener los dos penales más grandes y poblados del país, sino por ser el puerto por el cual sale la mayor cantidad de droga.
Con el anuncio del martes, el joven e inexperto presidente Noboa inicia una guerra frontal contra los narcos, con autoridades policiales y penitenciarias infiltradas por estos, una justicia que no opera, cifras de impunidad demasiado altas y una tasa de homicidios sin precedentes: 40 por 100.000 habitantes. Con urgencia, además de recapturar a los criminales fugados, se debe retomar el control de las cárceles. Desde allí se controla el negocio del narcotráfico y dentro de ellas se libra el salvaje enfrentamiento entre las bandas rivales. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la “corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral”.
El peor error que se podría cometer frente a una situación inédita para el país vecino sería el de caer en los cantos de sirena de un modelo autoritario, como en El Salvador de Nayib Bukele. Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo que “para enfrentar el crimen organizado, Ecuador necesita fortalecer su capacidad de judicialización, controlar cárceles, e investigar lavado de activos y corrupción (…) la decisión de caracterizar un contexto como conflicto armado interno debe ser siempre técnica y basada en el derecho internacional humanitario. De lo contrario, se ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía”. Está en lo cierto.
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