La gravedad de divulgar intimidades sin consentimiento

La pregunta más interesante y preocupante es por qué este tipo de contenidos se siguen difundiendo y viendo en la internet. / Foto de referencia: Pixabay

Abundan en Colombia y en el mundo los casos de personas, en su mayoría hombres, que divulgan por internet imágenes íntimas de sus parejas, en su mayoría mujeres. Ya sea a través de Facebook, de páginas pornográficas o incluso en grupos de Whatsapp, el objetivo es el mismo: ejercer un acto de control sobre el cuerpo y la intimidad de la persona que se encuentra en las imágenes, humillarla o estigmatizarla y, en algunos casos, incluso extorsionarla. Aunque en el mundo digital la regulación se ha tardado en comprender la gravedad de conductas que ya son castigadas en otros espacios, es momento para que los legisladores se tomen en serio la creación de penas ejemplarizantes. Sin embargo, la reacción punitiva no es la única respuesta para un problema sintomático de fallas estructurales en la cultura de la sociedad colombiana.

En el Congreso hay dos propuestas que pretenden atacar el problema. A principios de año, Carlos Guevara, senador del movimiento Mira, presentó un proyecto de ley que castigaría todos los tipos de delitos sexuales que se cometan en espacios digitales. Según le dijo a La W, esta propuesta, que ya tiene ponencia en la Cámara, crea una “pena de entre seis y diez años” para quienes publiquen contenido íntimo sin autorización. “Muchas veces estos videos son publicados por retaliación”, explica con razón el parlamentario.

Con un objetivo similar, esta semana el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, propuso un proyecto que castigaría con prisión de cinco a ocho años y una multa de diez a 15 salarios mínimos a la persona que divulgue por internet contenido íntimo, sexual o erótico sin el consentimiento de la persona involucrada en dicho contenido. Como explicó el parlamentario, “se estima que la cifra (de casos de divulgación sin permiso) es mucho mayor (a la que se tiene) y que la falta de una norma clara que castigue a quien ejecuta la acción conlleva a que las víctimas no denuncien por temor al escarmiento público y a que el hecho quede impune”. En total, este año se han denunciado 157 casos de divulgaciones de imágenes sin consentimiento.

Más allá de que ambos proyectos deberían conciliarse para que el Congreso pueda tramitar estas medidas de la manera más eficiente posible, el debate planteado por los parlamentarios es uno de urgencia para Colombia. No basta, sin embargo, con la creación de penas: también debe haber un entrenamiento para que las autoridades sepan cómo llevar estos casos a buen puerto. Muchas denuncias terminan en una revictimización pues se trata de procesos que involucran muchos prejuicios sobre las personas involucradas. Eso no puede ocurrir.

La pregunta más interesante y preocupante es por qué este tipo de contenidos se siguen difundiendo y viendo en internet. ¿Estamos hablando de la importancia de la privacidad en las clases de educación sexual? ¿Cómo está la población colombiana en términos de analfabetismo digital y en entender las consecuencias de los actos en un ámbito digital? Este es un problema de género, de desigualdades de poder (entre quien obtiene y difunde las imágenes y la persona que se siente humillada por la divulgación) y de conversaciones difíciles que el país está dando con torpeza. No empieza ni termina en la intervención de la justicia penal. ¿Qué harán las entidades educativas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC y todos los involucrados en que el país tenga mejores comportamientos digitales?

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