En Sudán se viene desarrollando una guerra civil entre el gobierno del general Abdelfatah al-Burhan y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por su sigla en inglés), comandado por Mohamed Hamdan Dagalo, que ha llevado al país a la más grave crisis humanitaria que se vive en el planeta. El número de masacres, la cantidad de personas asesinadas, niñas y mujeres violadas, el desplazamiento masivo de poblaciones enteras y una situación de hambruna generalizada afectan a más de 30 millones de sudaneses. En los últimos días se presentaron nuevos hechos de barbarie en los que, al parecer, están involucrados mercenarios colombianos.
En la región de Darfur ya se había presentado un genocidio entre 2003 y 2005, con cerca de 400.000 víctimas, por el cual responde ante la Corte Penal Internacional (CPI) el entonces presidente sudanés Omar al Bashir. El conflicto interno se reavivó en abril de 2023 con un enfrentamiento armado entre el ejército sudanés y las RSF de Dagalo. Este último decidió alzarse contra el general al-Burhan con el objetivo, que él niega, de dividir al país en dos. La reciente arremetida en Darfur llevó al RSF a la conquista de la última gran ciudad en la zona, El Fasher, donde se llevaron a cabo masacres, ejecuciones extrajudiciales y agresiones sexuales, tal y como lo han denunciado y documentado la ONU y diversas ONG de Derechos Humanos. Las víctimas son integrantes de la comunidad zaghawa, de origen negroafricano, lo que ratifica que se trata de un conflicto de carácter étnico.
Dagalo inició su actividad militar durante el genocidio en Darfur, dirigiendo un grupo de milicias árabes, junto al entonces presidente al-Bashir. Fue escalando posiciones, con una bien ganada reputación de crueldad, eliminando a sus oponentes y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Sudán, país de 52 millones de habitantes, al apropiarse de unas importantes minas de oro. Cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), a pesar de que este país niega esa relación, que le envía armamento a través de Chad y Libia, dos de sus mayores aliados. Desde el gobierno se ha señalado la participación de mercenarios colombianos en este conflicto. Así lo hizo saber la representación de Sudán ante el Consejo de Seguridad de la ONU al mencionar que hasta 380 hacen parte de las RFS, y se les acusa de haber participado en crímenes de guerra entre los que se cuentan ejecuciones sumarias, reclutamiento infantil y el uso de sustancias químicas prohibidas como el fósforo blanco. El representante de Sudán dijo que “la embestida de estos mercenarios ha dado lugar a atroces violaciones del derecho internacional humanitario”. Su llegada al conflicto habría sido a través de los EAU.
Según los cálculos existentes, en los últimos dos años y medio, y de acuerdo con las fuentes que se consulten, la cifra de muerte puede estar entre los 60.000 y los 150.000. A lo anterior se suma el desplazamiento forzado de 12 millones de personas dentro del país y 3 millones más que han huido a países vecinos. De sus 52 millones de habitantes, más de 24 millones padecen inseguridad alimentaria, y más de 15 millones de niños necesitan ayuda urgente, según la UNICEF. El retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho sino agravar aún más la crisis de salubridad, dado que los centros de atención médica han sufrido las consecuencias de la guerra de manera directa.
Durante la reciente toma de El Fasher, al menos 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un ataque sobre el Hospital Materno Saudí. La OMS ha denunciado al menos 185 ofensivas contra la red sanitaria sudanesa, que se han cobrado la vida de 1.204 personas. La reciente toma de El Fasher en manos rebeldes podría abrirle el camino a la región de Kordofan, en el centro del país. Esta barbarie se lleva a cabo sin mayor atención de la comunidad internacional que guarda un silencio cómplice.
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