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El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que iba a participar el próximo fin de semana en las elecciones del país vecino, es un nuevo campanazo de alerta sobre la penetración del narcotráfico en Ecuador. Villavicencio había fustigado como asambleísta y luego como candidato a las mafias incrustadas en el país desde el año 2020. Hace poco había señalado a un criminal encarcelado, al servicio del Cartel de Sinaloa, de querer atentar contra su vida, lo que se cumplió ante una falla en su esquema de seguridad. Este lamentable hecho, cuyos responsables materiales e intelectuales tendrán que responder ante las autoridades, debe convocar a la sociedad ecuatoriana para que se manifieste en las urnas.
El candidato inmolado tenía una reconocida trayectoria de rectitud y firmeza que lo ponía en la mira de sus enemigos. Fue sindicalista y luego desarrolló una carrera como periodista de investigación, siendo implacable contra la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Esto le valió ser condenado por la justicia y tener que buscar asilo en Perú. Más adelante, como integrante de la Asamblea Nacional, arreció sus denuncias por la penetración del narcotráfico en el país. Luego de que el presidente Guillermo Lasso decidiera adelantar las elecciones, abanderó como candidato un movimiento de centroizquierda. Sus denuncias lo llevaron a señalar con nombre propio a miembros del Cartel de Sinaloa —enfrentados en el país al Cartel de Jalisco Nueva Generación— por sus vínculos con políticos y prometió “acabar con las mafias”. Su muerte se suma a otros dos asesinatos de políticos durante la campaña.
Este hecho pone a Ecuador en una situación similar a la que vivió Colombia tras el asesinato de Luis Carlos Galán al final de los años 80. Los ecuatorianos, como nos sucedió en ese momento a los colombianos, se han despertado ante una muy dolorosa realidad. Según datos de las autoridades, en 2022 se dio la mayor tasa de homicidios en su historia, al llegar a 26,6 por cada 100.000 habitantes, con la posibilidad de que en el presente año llegue a 40. Ahora, con el magnicidio, se hace evidente la ineficacia de unas autoridades que no logran contener la arremetida criminal. Y que hayan detenido a seis personas de nacionalidad colombiana como posibles autores materiales hace aún más compleja esta situación.
La debilidad institucional ecuatoriana se ha visto agravada en los últimos meses. El hecho de que el presidente Lasso hubiera acudido al adelanto de elecciones y que Luisa González, candidata de Rafael Correa, fuera la más opcionada para triunfar en los comicios del 20 de agosto generaban grandes expectativas y las mafias del narcotráfico aprovecharon la situación para ganar terreno. En este momento, tras el magnicidio, no hay claridad sobre lo que pueda suceder en las urnas. Según algunas encuestas Villavicencio estaba en cuarto lugar y en otras figuraba como segundo. Su partido deberá decidir de inmediato quién lo reemplazará, abriéndose la posibilidad de que lo haga su esposa, Verónica Sarauz, quien ha dado muestras de una gran entereza frente al crimen.
Este hecho debería permitir un profundo análisis sobre la situación que se está viviendo, una vez más, en la región. A lo ocurrido en Ecuador se suma la situación en México con el narco, la presencia de un importante capo uruguayo en Bolivia que no puede ser capturado, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, la situación de las drogas en Venezuela, la presencia de mafias en Argentina y lo que sucede en otros países de América Latina.
Mientras la guerra contra las drogas ha demostrado su fracaso y es necesario encontrar soluciones de fondo a escala mundial distintas a las aplicadas hasta ahora para enfrentar todas las partes de la cadena de este negocio ilícito, el crimen organizado transnacional continúa haciendo de las suyas.
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