El Gobierno y los líderes de oposición deberían aprovechar el paro nacional para tender puentes en sus propuestas de reforma policial. Hace unos días, en el marco de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, el presidente Iván Duque recordó el proyecto de reforma impulsado por la Policía, que ya está en trámite, y reiteró su compromiso con hacer varios cambios importantes. Aunque la respuesta ha sido de escepticismo entre quienes se han tomado las calles, la verdad es que varias de las propuestas del Ejecutivo retoman importantes recomendaciones de expertos. Hace falta más socialización con los colombianos y escuchar a las organizaciones de derechos humanos, pero la puerta parece estar genuinamente abierta para una reforma que mejore uno de los puntos más álgidos de la realidad colombiana.
Hay que partir de un precepto: la Policía no puede reformar a la Policía sin incluir a la sociedad civil. Incluimos otro: la oposición y los marchantes no pueden pretender reformar la Policía sin incluir a los uniformados ni contar con el Gobierno. Por eso ha sido tan frustrante que, aunque hay buenas propuestas sobre la mesa, no parece haber voluntad de escucha. Un asunto tan importante no puede hacerse sin la participación de todos los sectores de la población.
El problema está claro. Un estudio del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes resalta “la notable pérdida de confianza de los colombianos en la Policía Nacional desde 2004. A lo largo del tiempo se observa una constante reducción de la confianza que alcanza su nivel mínimo en 2020 con un 35 %; algo que sin duda guarda una estrecha relación con el deterioro de la imagen que ha experimentado la institución como consecuencia de los escándalos y excesos en el uso de la fuerza en los últimos años”. Y agregan otro dato: entre las personas que salieron a las protestas, el grado de confianza en la Policía se encuentra en un paupérrimo 7 %. Eso es a todas luces una crisis de legitimidad institucional.
En ese sentido, varios de los anuncios del presidente Duque van bien encaminados. Se está fortaleciendo la formación y la profesionalización de los uniformados, se está haciendo énfasis en el enfoque de derechos humanos, se está modificando la estructura de sanciones para empezar a combatir la impunidad y garantizar que tantos casos de violencia policial no queden en el limbo. Incluso el cambio de los uniformes, tan ridiculizado en redes sociales, es un simbolismo que busca atacar la militarización de un cuerpo que debería ser civil.
Lo que deben entender el Gobierno y la Policía es que el riesgo de los simbolismos es que no aterricen en cambios estructurales. Es el momento de responder a unas preguntas complejas: ¿cómo es la Policía que queremos? ¿Qué medidas vamos a tomar para conseguirla? Lo que ha quedado claro es que la situación no puede seguir como ha venido.
El debate continúa, pero debería ser más abierto e incluir a sectores mucho más amplios. Sin consenso, cualquier reforma será vista como cosmética, la desconfianza permanecerá y seguiremos en la crisis. Sin cambios reales, Colombia no podrá pasar la página de la violencia que hemos visto estas semanas.
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