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La hostilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, no lo deja escuchar cuando las personas tienen reclamaciones válidas. Sus declaraciones en el consejo de ministros del lunes pasado a propósito del paro por el aumento de los prediales y el avalúo catastral mostraron no solo su ya conocida impulsividad, sino una falta de reflexión sobre la responsabilidad que su propio Gobierno tiene en una crisis que se pudo evitar con algo de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales. Utilizar la estrategia de culpar a los opositores políticos cada vez que hay un problema sirve para hacer campaña política, pero no para gobernar de manera efectiva un país.
Al cierre de esta edición se completaba el sexto día de un paro que ha detenido vías importantes en Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Cesar y el Magdalena Medio. Los costos son exorbitantes. Solo en Santander se estima que se pierden 40.000 millones de pesos diarios por las manifestaciones. Fenalco ha hablado de pérdidas por 120.000 millones de pesos producto del paro. En respuesta, el presidente optó por estigmatizar. “Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse”, dijo, echándole la culpa a la oposición política de las protestas, como si en Colombia no hubiese un derecho a manifestarse y como si este mismo gobierno no lo hubiese defendido en múltiples ocasiones. También culpó a los alcaldes. Después de argumentar que “los terratenientes no quieren pagar impuestos”, dijo que los “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”. En el consejo de ministros fue más allá: “Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor”.
Entonces, lo que era una discusión que involucra tanto al Gobierno Nacional como a las entidades territoriales se convirtió en una pelea más y una amenaza de abuso de poder por parte de la Casa de Nariño. Sí, es verdad que los aumentos de los prediales son determinados por los concejos municipales en coordinación con el alcalde de cada municipio, pero el presidente está desinformando. La tarifa del predial, que no puede aumentar de un año a otro más del 50 % por ley, es definida directamente por el avalúo catastral, que lo hace el Gobierno Nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Las protestas surgieron porque la administración Petro actualizó el catastro, algo que era necesario, pero parece que lo hizo en ocasiones de manera descuidada y cometiendo errores. Como le dijo a El Espectador Berceli Guerrero, habitante de Moniquirá: “Nos están convirtiendo en unos ricos de papel, esa es la realidad... Son minifundios, ¿cómo puede una persona con 2.000 o 3.000 metros producir para pagar? Si no tienen para comer, mucho menos para pagar”. Esas son las personas que el Gobierno Nacional no ha escuchado por estar peleando con alcaldías y concejos.
Renglón aparte merece el poco conocimiento que el presidente Petro tiene de la Constitución. ¿Cómo así que los alcaldes “salen de inmediato de su cargo por orden mía”? ¿De cuándo acá el presidente de la República puede dictar lo que los alcaldes deben hacer y, más aún, removerlos de su cargo con una orden? ¿Se quedó nuestro mandatario en la Constitución de 1886, previa a la elección popular de alcaldes? Aunque después ha ido matizando sus declaraciones, consciente de su error, sus arrebatos autoritarios no pasan desapercibidos. Este problema, presidente, se corrige dialogando, aceptando los errores en el ámbito nacional y coordinando con los entes territoriales. ¿Hay voluntad?
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