La semana pasada cerró con una noticia de la asamblea plenaria del Episcopado, que se realizó en Bogotá. En palabras de monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Iglesia católica colombiana reconoce, “con corazón de pastores, que todo caso de abuso sexual es un crimen, es un pecado grave, es un delito. Pedimos perdón a quienes han sufrido este flagelo y a todo nuestro pueblo”. También anunciaron que se realizará un acto de perdón público, se ofreció acompañamiento a las víctimas y se dijo que los religiosos del país están comprometidos con la justicia ordinaria para llevar a buen término todos los procesos que se adelantan por abuso sexual. Para una institución que ha guardado silencio cómplice y en ocasiones agresivo en un tema tan delicado, se trata de un bienvenido cambio; sin embargo, el gesto de buena voluntad se queda corto.
Monseñor Rueda dijo que la Iglesia asume “con firmeza y responsabilidad la debida atención a las víctimas y sus familias. Mantenemos nuestro compromiso para que en cada caso se haga justicia”. Y agregó: “Nos hemos propuesto colaborar desde el comienzo con la justicia civil para que pueda tener los datos de los procesos y todos los elementos recibidos de la Iglesia, y pueda determinar casos de abusos que tengan su respectiva condena”. Pero dijo no tener cifras exactas de cuántos casos de abuso sexual se han presentado en la Iglesia católica colombiana, pues “hay que distinguir entre casos definidos, casos cerrados y también casos abiertos que están en proceso”.
El anuncio es agridulce. Por un lado, es innegable que se trata, por fin, de un mea culpa público de la Iglesia católica colombiana. Esta modificación, sin duda impulsada desde el Vaticano por el papa Francisco, debe ir acompañada de actos reales no solo de perdón, sino también de ofrecer garantías para todas las víctimas, incluso aquellas cuyos casos no tengan procesos judiciales en curso.
Por otro lado, el discurso de la Conferencia Episcopal se sentirá incompleto mientras haya periodistas que sigan siendo perseguidos por hacer denuncias, mientras las iglesias del país no entreguen datos precisos y con transparencia, mientras las acusaciones de las víctimas se enfrenten a paredes burocráticas. Porque hay que ser claros: no conocemos la magnitud del abuso sexual cometido por miembros de la Iglesia en Colombia por culpa del poder de la misma Iglesia. No sobra recordar que en años recientes el periodista Juan Pablo Barrientos, quien ha adelantado investigaciones serias sobre este tema, vio intentos agresivos de censurar sus publicaciones. Además, abundan los relatos de víctimas que se encontraron con estigmas y obstáculos para denunciar.
Entonces, si la Iglesia desea reconstruir la confianza, debe empezar por compartir los nombres de los abusadores, incluso aquellos que no tengan condenas judiciales, y mostrarles a las víctimas que están genuinamente de su lado. Pedir perdón es el primer paso, merecerlo es un camino mucho más largo.
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