La ilógica ley de jubileo

Desde que se anunció la visita del papa Francisco a Colombia se ha venido discutiendo la posibilidad de aprobar una ley de jubileo, encaminada a conmemorar el evento mediante el perdón de una parte de la pena a varios miles de condenados, muchos de los cuales quedarían en libertad. Pese a que coincidimos en la necesidad urgente de una reforma penitenciaria que atienda las injusticias del sistema carcelario del país, no deja de ser inconveniente que la política criminal se construya en reacción a situaciones esporádicas y con una clara motivación religiosa.

El Gobierno Nacional y el Partido Conservador presentaron al Congreso una ley de jubileo y el Centro Democrático anunció que haría lo propio. Ambos proyectos coinciden en que, para conmemorar la visita del papa a Colombia, vale la pena hacer un ejercicio de compasión por parte del Estado. Por eso, el proyecto de ley reduciría la sexta parte de las penas de los delitos menos graves, lo que implicaría que cerca de unas 40.000 personas saldrían de las cárceles.

Al respecto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, explicó que “la razón suficiente es porque es una medida de política criminal fundamentada en aspectos humanitarios, de sensibilidad, rehabilitación de la pena y del resurgimiento de quienes han sido castigados y merecen un nuevo acogimiento en el seno de la sociedad”. Armando Benedetti, del Partido de la U, enfatizó que la ley aplicaría “siempre y cuando no sean delitos graves, de lesa humanidad o del Estatuto de Roma, nada de violación, secuestro, ni asesinatos, nada de eso entra”.

Estamos de acuerdo con la idea de que es necesario descongestionar las cárceles del país. El problema del hacinamiento carcelario ha sido bien documentado y es uno de los principales motivos por los que las prisiones se han convertido en espacios de violación de la dignidad y los derechos humanos de los presos. Esta situación es doblemente injusta si consideramos que quienes más sufren son las personas que cometieron delitos que no son graves, usualmente pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos. Tenemos, en palabras de la Corte Constitucional, un estado de cosas inconstitucional por la violación continuada de los mínimos humanitarios. Y no es momento de seguir mirando hacia otro lado.

Dicho lo anterior, no deja de ser extraño que el motivo para la liberación de los 40.000 presos sea la visita del máximo jerarca de la Iglesia católica. ¿Cuál es el mensaje que se les quiere enviar a los encarcelados; que recen todo lo que puedan para que el papa vuelva y así el Estado cambie su política criminal fallida? No sólo es una medida ilógica, sino irresponsable.

Como lo escribió Yesid Reyes en El Espectador, “desde el punto de vista de política criminal es tan poco sensato reducir la duración de las sanciones por la presencia del santo padre en nuestro país, como hacerlo cada vez que se produzca un eclipse solar, que para nuestros aborígenes tenía connotaciones espirituales”.

Sería más sensato, y en efecto más compasivo, que los políticos que corrieron a proponer la ley de jubileo se empeñaran en avanzar una reforma del sistema penitenciario que de una buena vez ataque el problema de raíz. Una política pública, en este caso, es más útil para el país que rezar varias décadas hasta que vuelva otro papa a Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Desde que se anunció la visita del papa Francisco a Colombia se ha venido discutiendo la posibilidad de aprobar una ley de jubileo, encaminada a conmemorar el evento mediante el perdón de una parte de la pena a varios miles de condenados, muchos de los cuales quedarían en libertad. Pese a que coincidimos en la necesidad urgente de una reforma penitenciaria que atienda las injusticias del sistema carcelario del país, no deja de ser inconveniente que la política criminal se construya en reacción a situaciones esporádicas y con una clara motivación religiosa.

El Gobierno Nacional y el Partido Conservador presentaron al Congreso una ley de jubileo y el Centro Democrático anunció que haría lo propio. Ambos proyectos coinciden en que, para conmemorar la visita del papa a Colombia, vale la pena hacer un ejercicio de compasión por parte del Estado. Por eso, el proyecto de ley reduciría la sexta parte de las penas de los delitos menos graves, lo que implicaría que cerca de unas 40.000 personas saldrían de las cárceles.

Al respecto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, explicó que “la razón suficiente es porque es una medida de política criminal fundamentada en aspectos humanitarios, de sensibilidad, rehabilitación de la pena y del resurgimiento de quienes han sido castigados y merecen un nuevo acogimiento en el seno de la sociedad”. Armando Benedetti, del Partido de la U, enfatizó que la ley aplicaría “siempre y cuando no sean delitos graves, de lesa humanidad o del Estatuto de Roma, nada de violación, secuestro, ni asesinatos, nada de eso entra”.

Estamos de acuerdo con la idea de que es necesario descongestionar las cárceles del país. El problema del hacinamiento carcelario ha sido bien documentado y es uno de los principales motivos por los que las prisiones se han convertido en espacios de violación de la dignidad y los derechos humanos de los presos. Esta situación es doblemente injusta si consideramos que quienes más sufren son las personas que cometieron delitos que no son graves, usualmente pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos. Tenemos, en palabras de la Corte Constitucional, un estado de cosas inconstitucional por la violación continuada de los mínimos humanitarios. Y no es momento de seguir mirando hacia otro lado.

Dicho lo anterior, no deja de ser extraño que el motivo para la liberación de los 40.000 presos sea la visita del máximo jerarca de la Iglesia católica. ¿Cuál es el mensaje que se les quiere enviar a los encarcelados; que recen todo lo que puedan para que el papa vuelva y así el Estado cambie su política criminal fallida? No sólo es una medida ilógica, sino irresponsable.

Como lo escribió Yesid Reyes en El Espectador, “desde el punto de vista de política criminal es tan poco sensato reducir la duración de las sanciones por la presencia del santo padre en nuestro país, como hacerlo cada vez que se produzca un eclipse solar, que para nuestros aborígenes tenía connotaciones espirituales”.

Sería más sensato, y en efecto más compasivo, que los políticos que corrieron a proponer la ley de jubileo se empeñaran en avanzar una reforma del sistema penitenciario que de una buena vez ataque el problema de raíz. Una política pública, en este caso, es más útil para el país que rezar varias décadas hasta que vuelva otro papa a Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.