La importancia de atacar los carteles
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó un informe motivado donde recomienda sancionar a tres empresas cementeras en el país, Holcim, Cemex y Cemargos, por supuestamente haber incurrido en prácticas anticompetitivas. En síntesis, la SIC considera que tiene suficientes evidencias para demostrar la existencia de un cartel que se encargó, entre 2010 y 2012, de subir concertadamente los precios del cemento. Ahora está abierta la etapa procesal, donde las empresas pueden presentar sus alegatos. Sea cual fuere la decisión final, es de celebrar que en Colombia se siga tomando con seriedad la defensa de los consumidores, a ver si rompemos con viejas mañas del comercio en el país.
El Espectador
Según el informe, presentado por el superintendente, Pablo Felipe Robledo, las tres empresas en cuestión incrementaron el precio del cemento gris (Portland tipo 1) de manera conjunta y sistemática entre abril de 2011 y febrero de 2012. Los incrementos acumulados fueron de 22 % para Argos, 23 % para Cemex y 22 % para Holcim. Además, argumenta la SIC, hay pruebas para decir que las empresas pactaron zonas exclusivas de comercialización del material, es decir, se repartieron partes del país donde no iban a competir.
El punto más importante de la acusación es que la SIC dice que hay evidencia de que lo anterior se hizo de manera consciente y coordinada. Es decir, que se pusieron de acuerdo para no competir. Una de las pruebas, cuenta W Radio, es que entre 2007 y 2017 hay por lo menos 167 coincidencias migratorias de directivos de las empresas involucradas, los cuales viajaron con el mismo destino, el mismo día. También se habla de intercambios de correos electrónicos donde se observa el “intercambio de información comercial y de negociaciones entre los investigados, que evidenciarían el elemento consciente de la conducta investigada”, y se pide a la Fiscalía que investigue a dos funcionarios de Argos por presunta obstrucción a la justicia. Es decir, algo huele mal.
Las cementeras involucradas, no obstante, han presentado sus argumentos contra la acusación de la SIC. Juan Esteban Calle, presidente de Cemargos, dijo que “en el período investigado 2010-2012, cuando el PIB del país creció al 5 % por año y la infraestructura creció de forma sustancial, la demanda por nuestro producto creció un 8 %. Los precios en ese período subieron 3 % por encima de la inflación, que es normal en un ciclo expansivo de la economía. Pero si uno mira series de tiempo más largas, se da cuenta de que la capacidad adquisitiva de los colombianos, en términos de sacos de cemento, ha crecido de forma sustancial”. A propósito de la supuesta exclusividad territorial, explicó que “Argos tiene presencia en todo el territorio nacional, sin restricción o límite alguno. Si se revisa una serie de tiempo más amplia, en los últimos 10 años las participaciones han variado de forma más significativa. En Argos pasamos de aproximadamente un 50 % de participación de mercado en 2007 al 43 % en lo corrido de 2017”.
Después de recibir las respuestas, el superintendente se reunirá con el Consejo Asesor de Competencia para tomar una decisión. De darse por probada la existencia de un cartel del cemento, las multas contra las empresas podrían llegar a $140.000 millones cada una por las prácticas anticompetitivas.
Más allá de la decisión final, es importante que este tipo de investigaciones y discusiones se estén dando en el país. Los carteles son útiles para las empresas, pero pésimos para los consumidores, porque les reducen las opciones y les aumentan los precios. Colombia no puede hablar de libre mercado si los privados viven realizando pactos anticompetitivos y quedan en la impunidad. Apoyamos la labor que viene adelantando la SIC para que el mensaje sea claro: en este país se deben respetar las reglas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Según el informe, presentado por el superintendente, Pablo Felipe Robledo, las tres empresas en cuestión incrementaron el precio del cemento gris (Portland tipo 1) de manera conjunta y sistemática entre abril de 2011 y febrero de 2012. Los incrementos acumulados fueron de 22 % para Argos, 23 % para Cemex y 22 % para Holcim. Además, argumenta la SIC, hay pruebas para decir que las empresas pactaron zonas exclusivas de comercialización del material, es decir, se repartieron partes del país donde no iban a competir.
El punto más importante de la acusación es que la SIC dice que hay evidencia de que lo anterior se hizo de manera consciente y coordinada. Es decir, que se pusieron de acuerdo para no competir. Una de las pruebas, cuenta W Radio, es que entre 2007 y 2017 hay por lo menos 167 coincidencias migratorias de directivos de las empresas involucradas, los cuales viajaron con el mismo destino, el mismo día. También se habla de intercambios de correos electrónicos donde se observa el “intercambio de información comercial y de negociaciones entre los investigados, que evidenciarían el elemento consciente de la conducta investigada”, y se pide a la Fiscalía que investigue a dos funcionarios de Argos por presunta obstrucción a la justicia. Es decir, algo huele mal.
Las cementeras involucradas, no obstante, han presentado sus argumentos contra la acusación de la SIC. Juan Esteban Calle, presidente de Cemargos, dijo que “en el período investigado 2010-2012, cuando el PIB del país creció al 5 % por año y la infraestructura creció de forma sustancial, la demanda por nuestro producto creció un 8 %. Los precios en ese período subieron 3 % por encima de la inflación, que es normal en un ciclo expansivo de la economía. Pero si uno mira series de tiempo más largas, se da cuenta de que la capacidad adquisitiva de los colombianos, en términos de sacos de cemento, ha crecido de forma sustancial”. A propósito de la supuesta exclusividad territorial, explicó que “Argos tiene presencia en todo el territorio nacional, sin restricción o límite alguno. Si se revisa una serie de tiempo más amplia, en los últimos 10 años las participaciones han variado de forma más significativa. En Argos pasamos de aproximadamente un 50 % de participación de mercado en 2007 al 43 % en lo corrido de 2017”.
Después de recibir las respuestas, el superintendente se reunirá con el Consejo Asesor de Competencia para tomar una decisión. De darse por probada la existencia de un cartel del cemento, las multas contra las empresas podrían llegar a $140.000 millones cada una por las prácticas anticompetitivas.
Más allá de la decisión final, es importante que este tipo de investigaciones y discusiones se estén dando en el país. Los carteles son útiles para las empresas, pero pésimos para los consumidores, porque les reducen las opciones y les aumentan los precios. Colombia no puede hablar de libre mercado si los privados viven realizando pactos anticompetitivos y quedan en la impunidad. Apoyamos la labor que viene adelantando la SIC para que el mensaje sea claro: en este país se deben respetar las reglas.
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