La importancia de la transparencia

CUANDO EL GOBIERNO COLOM-biano anunció el 15 de julio del año pasado que permitiría el uso controlado de tres de sus bases por militares estadounidenses, lo hizo sonar como si su posición fuera la de un país que cede ante la petición de un aliado.

El Espectador
18 de agosto de 2010 - 11:00 p. m.

En realidad, el acuerdo militar con EE.UU. respondió a presiones nuestras que buscaban aumentar las ayudas para la guerra contra las drogas y la insurgencia. Ante la solicitud, miembros de la administración de Obama consideraron que el convenio era consecuente con el principio de corresponsabilidad y nos concedieron su apoyo. Nada fuera de lo usual, realmente, y nada en lo más mínimo sospechoso. El acuerdo en sí fue sólo un paso más en la consolidación de un compromiso que pretendía el tradicional soporte técnico para un problema común.

La coyuntura en Latinoamérica, sin embargo, complicó lo que en otro escenario hubiera pasado sin mayor comentario. Y no era para menos. El cierre de la base americana de Manta en Ecuador, la polarización entre países con tendencias de derecha y de izquierda en la región y la carrera armamentista venezolana hicieron plausibles todo tipo de hipótesis y teorías de complot. Películas que se hicieron aún más oscuras por la forma como el gobierno colombiano manejó el famoso convenio militar. Los altos mandos no sólo decidieron que era conveniente ocultar de la opinión pública el acuerdo —que sólo vio la luz por un reportaje periodístico—, sino además decidieron saltarse el proceso que obliga todo acuerdo internacional: su paso por el Congreso.

Un peor manejo en un peor momento hubiera sido difícil. Afortunadamente la escalada de enemistades con Venezuela, y la región, no pasó a mayores y Colombia, en un gran momento de lucidez, decidió apostarle a la diplomacia. El encuentro entre cancilleres y la posterior reunión entre Chávez y Santos lograron restaurar la muy añorada calma, la cual, si bien promete más de lo logrado, merece desde ya varios aplausos. De la misma forma es de reconocerse el acatamiento inmediato de la sentencia de la Corte Constitucional que exige que el acuerdo sea suspendido hasta ser ratificado por el Congreso y sancionado por ley. Ambas, respuestas que anuncian un manejo del país mucho más respetuoso de las instituciones democráticas.

Aunque no es del todo usual que la Corte otorgue plazos para que el Gobierno retome el adecuado proceso, ésta tampoco es una figura novedosa. En la época de la Upac y en la pasada emergencia de salud, la Corte concedió también tiempos. Para el caso del acuerdo militar, el tiempo otorgado es de un año. Espacio más que suficiente para realizar rectificaciones que deberían incluir una revisión de fondo de los alcances de este acuerdo. Incluso reabrir el debate y revisar la conveniencia misma de las bases. Pues si bien es claro que ninguna ayuda está de más y Colombia se puede beneficiar del apoyo técnico de EE.UU., sí hay otras formas de realizar inteligencia, menos costosas en términos diplomáticos. No sobra considerar alternativas.

Así las cosas, se espera que el acuerdo militar lleve por fin un proceso más transparente, el que debió transitar desde el comienzo. En particular, se espera que su discusión  en el Congreso  refleje un debate serio y argumentado. Una expectativa sin duda razonable, pero que no deja de levantar reservas en el Congreso de la unidad nacional. Saltarse procesos es tan peligroso como saltarse el buen equilibrio de los poderes. Cualquier interrupción del sistema de controles le devolverá la oscuridad al ya muy controvertido acuerdo.

Por El Espectador

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