La indignación no basta contra la explotación sexual

olombia debería, por fin, tramitar una regulación que abandone la prohibición y dé todas las garantías a quienes deseen ejercer voluntariamente el trabajo sexual. / Foto: AFP

El escándalo nacional que sigue generando la captura de Liliana del Carmen Campos Puello, más conocida como la Madame, y 17 personas más ligadas con su presunta red de explotación sexual, ha estado, como es usual en estos temas, pésimamente enfocado. El país no puede seguir distraído por la rimbombancia novelesca de los hechos cuando detrás hay un desdén estatal que, ya vemos, produce muchísimos daños.

Según información suministrada por la Fiscalía, que llevaba varios meses investigando la red, la Madame habría reclutado por lo menos a 250 mujeres colombianas y venezolanas. Entre ellas se contaban menores de edad. Campos les ofrecía a las últimas trabajo en las islas del Caribe y les ayudaba con todos los trámites del pasaporte, pero, una vez llegaban, les quitaban sus documentos, las encerraban y las explotaban sexualmente.

Para ilustrar el daño que hacía la red sirve el caso de Raúl Danilo Romero Pabón, capitán de Infantería de Marina de la Armada Nacional, quien fue capturado junto con la Madame. Según las autoridades, él violaba a las jóvenes y luego las tatuaba con su nombre en distintas partes del cuerpo.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó a la Madame los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.

Este caso sirve para ilustrar varios puntos álgidos dentro del casi inexistente debate sobre el trabajo sexual en Colombia.

Para empezar, hay que decirlo: la presencia de menores de edad es inaceptable. Lo es también el hecho de que la red les quitara los documentos a las mujeres que habían ido voluntariamente, pues así cualquier consentimiento que pudieran dar a los actos sexuales está viciado por la coerción. Eso es explotación sexual.

Para combatir lo anterior, Colombia debería, por fin, darse cuenta de algo que la mayoría de las trabajadoras sexuales vienen pidiendo hace años: una regulación que abandone la prohibición y dé todas las garantías a quienes deseen ejercer voluntariamente el trabajo sexual.

Aunque muchas de las mujeres reclutadas por la Madame eran personas de escasos recursos, también había otras de estratos medios e incluso altos. Si hay personas que tienen todas las opciones abiertas y, sin embargo, desean utilizar su cuerpo como medio de trabajo, ¿por qué debería el Estado prohibirlo? Si existiese una regulación como la que la Corte Constitucional le ha exigido al Congreso, casos como el de la Madame serían mucho más fáciles de ubicar y de combatir.

Primero, la normativa empoderaría a las trabajadoras sexuales, que tendrían acceso a derechos laborales, acompañamiento del Estado y a tener protección contra cualquier tipo de abuso. En la actualidad son una población que no acude a las autoridades porque éstas las revictimizan. Eso tiene que cambiar.

Segundo, unas reglas claras sobre los requisitos para trabajar sexualmente de manera legal permiten al Estado saber dónde se realizan estas acciones, lo que facilita combatir redes como la de la Madame. Si el trabajo sexual legal está claramente delimitado, todo lo demás, que sería explotación o trata de personas, es más fácil de perseguir.

Colombia lleva demasiado tiempo con reglas contradictorias y muchos vacíos, lo que crea zonas grises donde depredadoras como la Madame y sus aliados triunfan. Eso, unido a la complicidad de ciertas autoridades y poderosos, crea tragedias y condena a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad.

Sacudirse los prejuicios y expedir leyes útiles sobre trabajo sexual sería algo positivo que podría dejar este escándalo. De lo contrario, tanta indignación será inútil.

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