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En un país lleno de símbolos intrincados, queda mal que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre ahora a hacer desplantes institucionales que presenta como un supuesto acto de independencia. También le queda muy mal, por supuesto, al presidente de la República hacer comentarios desobligantes contra los magistrados y sus decisiones, como lo ha hecho en el pasado. Pero no es menor el gesto del nuevo magistrado, José Joaquín Urbano, de posesionarse ante los miembros del tribunal y no frente al presidente de la República, como ha sido tradición, por más que ahora sea permitido hacerlo. Esos pequeños encuentros son una oportunidad antes bien para que los servidores públicos muestren que la institucionalidad prima sobre los apellidos.
Urbano decidió no tomar posesión ante el presidente y lo hizo, entonces, frente al pleno de la Corte Suprema, en ceremonia con notable ausencia de representantes del Gobierno. El presidente de la CSJ, Gerson Chaverra, dijo que se trataba de “una reafirmación simbólica de la independencia de la justicia” y “una inequívoca y contundente declaración”. Aunque no se mencionó directamente al presidente de la República, Gustavo Petro, el simbolismo no pasó inadvertido como una respuesta crítica a la Casa de Nariño, que en el pasado ha hecho comentarios desobligantes, en particular contra Chaverra, que molestaron a los jueces. Nos parece, sin embargo, que demostrar independencia no equivale a irrespetar a los otros poderes ni mucho menos a enviar el mensaje de una institucionalidad en pugna.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben manejar una actitud neutral frente a la política. La dignidad de sus cargos los hace ubicarse por encima del debate público diario, pues se espera que sus decisiones se hagan en derecho. Pero cuando un magistrado decide no tomar posesión frente al presidente, y cuando la cabeza del alto tribunal exalta esa decisión con un discurso que envía mensajes sobre la institucionalidad, su actuar es necesariamente político.
Volvemos, entonces, a la importancia de los símbolos. Los pocos momentos de encuentro entre las ramas del poder público están diseñados para mostrar que, a pesar del sistema de pesos y contrapesos, hay colaboración y armonía. Ante todo, respeto y reconocimiento a la legitimidad mutua. ¿Tiene efectos prácticos posesionarse ante el presidente de la República? No, pero sí es un gesto que comunica a todos los colombianos. Nadie interpretó nunca en el pasado que los funcionarios de la justicia posesionados ante el presidente hubieran perdido su independencia por ese acto. Abstenerse de mantener la tradición muestra que hay una relación fracturada, algo que va más allá de la coyuntura de un nuevo magistrado en la Corte.
Es cierto que el presidente Petro ha acosado con su discurso a la justicia. Sus críticas constantes a las decisiones de los altos tribunales, sus comentarios sobre ciertos magistrados, incluso su denuncia de un inexistente “golpe blando”, han hecho que se tensione la institucionalidad. Es comprensible la molestia en algunos miembros de la Rama Judicial. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la altura de las dignidades debe imponerse. Recordar que las instituciones (llámense Presidencia de la República o Corte Suprema de Justicia) están por encima de los apellidos que las representan en un momento determinado.
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