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La decisión judicial que pide embargar las cuentas de la nación por el no pago a las deudas que tiene el Gobierno Nacional con la empresa EPM muestra el problema que surge cuando se politizan las relaciones del poder central con los entes territoriales. Esto no debería estar pasando. En ningún momento es positivo para Colombia que se tenga que recurrir a instancias judiciales para saldar deudas por costos de funcionamiento en un suministro esencial como es el de energía eléctrica. La molestia de la Casa de Nariño es comprensible, pero también lo es la inconformidad de la Alcaldía de Medellín y de la gerencia de la empresa pública. Todo esto se debería solucionar dialogando, no intercambiando publicaciones en X y mensajes hostiles en los medios de comunicación.
Es cierto que el Gobierno Nacional anda apretado en sus recursos porque no logró aprobar una ley de financiamiento. Sin embargo, en medio de los no pagos, uno de los más problemáticos tiene que ver con los subsidios con los que se reduce la tarifa de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3. La lógica no es compleja: suministrar la energía cuesta, y EPM está asumiendo ese costo, bajo el compromiso del Gobierno Nacional de cubrir el déficit. Sin embargo, desde Bogotá no se ha cumplido con su parte del trato, lo que ha llevado a un hueco fiscal considerable. Solo en la demanda que llevó al embargo, por ejemplo, EPM dice que le deben $41.654 millones, a lo que suman $5.258 millones de intereses moratorios. En el marco de la crisis de la energía eléctrica, según los gremios, con corte a diciembre de 2024, los saldos pendientes con las empresas de energía suman $2,7 billones y con las de gas natural, $628.000 millones. Así es muy difícil seguir exigiendo cumplimiento y calidad.
Por eso EPM interpuso una demanda que terminó en este embargo. La respuesta del Gobierno fue la hostilidad. Además de pedir a la Superintendencia de Servicios que inspeccione a EPM, envió un mensaje que busca politizar aún más la discusión. “Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”, dijo el presidente de la República, Gustavo Petro. El ministro de Minas, Edwin Palma, señaló que “Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo con la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los cuatro departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente también ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, que curiosamente son parte de la oposición”. En respuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le afirmó al presidente “que pague lo que debe; no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la ley”.
Algo nos parece claro: nadie gana con este tire y afloje público. El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín necesitan actuar como los servidores públicos que son, no como candidatos en campaña. Este es un problema que afecta a los colombianos y que exige acuerdos razonables y concertados. EPM ha dicho en varias ocasiones que, a pesar de buscar diálogo, no se siente bien recibida en la Casa de Nariño. Lo mismo han dicho otras empresas. El Gobierno no muestra mucha voluntad de conversar sin intercambiar señalamientos. No podemos continuar con esa situación. La cooperación entre nación y regiones no puede estar supedita a caprichos políticos. Siéntense a concretar compromisos que les funcionen a todos los involucrados.
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