La izquierda y la dictadura en Venezuela

Las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, son dictaduras, sin matices. / Foto: AFP

Una dictadura lo es cuando violenta el Estado de derecho, recurre a la violencia, el fraude y la violación sistemática de los derechos humanos con tal de mantenerse en el poder. Así sea de derecha o de izquierda, es una dictadura, sin matices. Sin embargo, para buena parte de la izquierda en Colombia, y en la región, lo que sucede en Venezuela pasa más por el tamiz del alineamiento ideológico que por la defensa de los principios fundamentales en una democracia.

Varios líderes representativos de partidos progresistas, entre ellos aspirantes a la Presidencia, han utilizado diversos argumentos para justificar la oprobiosa situación del país vecino. Consideran que hay que respetar la libre autodeterminación de los pueblos, así como la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, que hay una campaña del imperio destinada a desestabilizar a un gobierno progresista, que la única forma de solucionar el problema es con un diálogo entre las partes y que la mayor responsabilidad de lo que sucede le corresponde a una oposición (golpista), que es la que ha generado todos los problemas. Vistos de manera independiente, casi todos los postulados suenan más que razonables. Pero en la Venezuela del socialismo del siglo XXI las cosas son muy diferentes.

El argumento de la autodeterminación y la no intervención no tiene validez por un motivo esencial: fue la vergonzosa excusa que utilizaron las dictaduras militares del continente para cometer impunemente delitos de lesa humanidad. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, la Nicaragua de Somoza, etc., impidieron que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) ingresaran allí por prohibición expresa de sus gobiernos. A pesar de ello, la CIDH presentó informes recurrentes denunciando las atrocidades que ocurrían. No es gratuito, entonces, que el gobierno de Nicolás Maduro haya vetado a la CIDH y se haya retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eran buenas la Comisión y la Corte cuando actuaban contra dictaduras de derecha y no lo son ahora que ponen los puntos sobre las íes de una dictadura que se dice de izquierda?

La idea de ver detrás la larga mano del imperio, con el apoyo de Colombia, México o España, teniendo como punta de lanza a la OEA, es otra falacia. En primer lugar, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha asumido la defensa de la Carta Democrática Interamericana (CDI), de la Carta de la OEA y de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, viene de ser canciller del gobierno del presidente Pepe Mujica en Uruguay. Así ahora no cuente con el apoyo de su mentor, no ha abandonado la postura de responder a sus principios y no a las posiciones ideológicas. Ha actuado contra el régimen de Caracas atendiendo a lo que le impone la CDI. En caso contrario estaría fallando a la responsabilidad que asumió.

Frente al tema del diálogo, no sólo se necesitan al menos dos para hacerlo, sino la buena fe. Buena fe de la cual carece el oficialismo. Si Maduro se comprometiera de inmediato a convocar elecciones libres y con veeduría internacional, liberar a todos los presos políticos, devolver los plenos poderes a la Asamblea Nacional y abrir un canal humanitario de alimentos y medicinas, habría una vía pronta de solución. Pero no lo va a hacer, porque sabe muy bien que perdería las elecciones de manera estrepitosa. Salvo que recurra de nuevo al fraude monumental del domingo anterior con la ilegal convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Cuando un presidente como Nicolás Maduro afirma que “lo que no logramos con los votos, lo conseguimos con las armas”, no se pueden tener medias tintas y tratar de contemporizar por motivos ideológicos o retribución de favores. Una dictadura es una dictadura y como tal hay que denunciarla.

 

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