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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está haciendo bien su trabajo. No solo eso. Frente a los ataques constantes, las descalificaciones, las estrategias en su contra y quienes la utilizan como herramienta retórica para derribar el Acuerdo de La Habana, la Jurisdicción ha respondido con trabajo disciplinado, juicioso y que ya ha mostrado grandes resultados. Patricia Linares, quien acaba de terminar tres años como presidenta de la JEP, dio ejemplo de cómo responder con altura a los ataques bajos. La llegada de Eduardo Cifuentes a la presidencia de la institución es una muestra más de seriedad, prudencia y compromiso con la paz. ¿Se imaginan cómo sería el proceso de justicia transicional si las magistradas, los investigadores y todos los involucrados no tuvieran que estar sorteando obstáculos?
Podríamos escribir un memorial de agravios. El más reciente es el liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está proponiendo un referendo para dinamitar la JEP. En el Congreso, su bancada política, que también es el partido del gobierno de Iván Duque, propuso algo similar. Pese a que han sido derrotados una y otra vez en su interés por sabotear la justicia transicional, siguen insistiendo en la desinformación. Hace dos semanas, el representante por Cambio Radical José Daniel López dijo que en el Presupuesto General de la Nación presentado para el año entrante la JEP “está quedando desfinanciada en $30.000 millones. Le falta el 20 % de los recursos de inversión que necesita para su operación para el año entrante”. Y así podríamos continuar, haciendo un repaso por todos los obstáculos innecesarios desde la institucionalidad y la política a la Jurisdicción.
No deja de ser llamativo que la JEP despierte tanto resentimiento. Se ha dicho que es un tribunal de impunidad, pero solo ha concedido el 13,3 % de las amnistías que le han solicitado. Se ha dicho que se creó para beneficiar a las Farc, pero gracias a su labor están avanzando siete macrocasos y los exguerrilleros se han visto motivados a reconocer su responsabilidad. Se ha dicho que ha abandonado a las víctimas, pero ya van más de 308.000 de ellas reconocidas ante la Jurisdicción. Se ha dicho que su justicia es parcializada, pero 12.617 personas se han sometido ante la JEP, entre ellos exintegrantes de las Farc, agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles.
Más importante que todas esas cifras, la JEP ha actuado con transparencia y contundencia. Sus resultados están a la vista, desde el hallazgo de una fosa común de ejecuciones extrajudiciales hasta la apertura de espacios para que todos los actores del conflicto rindan cuentas. Por eso, como reconoció la Corte Penal Internacional, la JEP ha sido un ejemplo “que podría convertirse en un referente a nivel mundial”. Quienes no desean reconocer esta realidad, ¿por qué sienten que su proyecto político se ve amenazado por la búsqueda de la verdad?
Colombia está en deuda con la labor de Linares. Su liderazgo fue esencial en la resistencia de la JEP. Ahora, con la llegada de Cifuentes, el camino sigue siendo tortuoso, pero ya hay una guía a seguir. El país necesita que la justicia transicional siga siendo un éxito.
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