La justicia, pendiente en el caso Sergio Urrego

Los niños y adolescentes del país siguen siendo vulnerados por culpa de su orientación sexual, en muchos casos con resultados trágicos. / Mauricio Alvarado - El Espectador

La justicia penal sigue demostrando que contra Sergio Urrego se cometieron atropellos injustificables por culpa de su orientación sexual y manera de pensar. La segunda condena por discriminación en el país, contra Ivonne Cheque, psicóloga del colegio donde estudiaba el joven, es un paso correcto en obtener justicia y honrar su memoria. Sin embargo, es a la vez un contraste con los proyectos estancados a nivel nacional para evitar que casos similares sigan ocurriendo.

Esta semana, gracias a un preacuerdo con la Fiscalía, Cheque aceptó los cargos de discriminación agravada y falsa denuncia contra persona determinada. Meses antes del fallecimiento de Urrego, los padres de su pareja interpusieron una denuncia contra él porque supuestamente acosaba sexualmente a su hijo. Una acusación que se desvirtuó después de su muerte, porque la relación era consensuada, y porque los denunciantes confesaron que las directivas del colegio los presionaron para presentar esa denuncia y complicar así la situación de Urrego en la institución. En ese proceso mezquino, Cheque cumplió un papel esencial.

Por eso, la psicóloga fue condenada a 35 meses de prisión y al pago de 8,49 salarios mínimos.

La primera condenada por este caso fue la profesora y exveedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez. La pena fue de 27 meses de prisión y una multa cercana a los $72 millones. La justicia determinó que era responsable de los delitos de discriminación y ocultamiento de elemento material probatorio.

Entre otras cosas, Ramírez confesó que en el colegio, al conocerse del proceso penal, se dio la orden de desaparecer los archivos donde reposaban los llamados de atención y sanciones contra Urrego por su comportamiento en el plantel.

Esta información debería ser suficiente, esperamos, para silenciar las voces de quienes insisten en que contra el joven no ocurrió nada indebido y que argumentan que las directivas se portaron de manera adecuada. Contra Urrego hubo un proceso sistemático y nocivo de matoneo institucional que buscaba censurarlo por su orientación sexual y las ideologías que profesaba.

Falta todavía una decisión final en el caso de la rectora, Amanda Azucena Castillo, quien presuntamente estuvo liderando todas las actuaciones nocivas.

Esta decisión, no obstante, se recibe como un triunfo agridulce, pues en otros espacios el Estado ha fallado de manera rotunda. Como consecuencia directa de la conmoción que causó el caso de Urrego y las sentencias de los tribunales que han fallado al respecto, como la Corte Constitucional, se hizo evidente la necesidad de hacer una revisión de las escuelas del país para ver cómo se estaban aproximando al complicado tema de la diversidad sexual.

Aunque hubo un primer intento por parte del Ministerio de Educación, el escándalo de las cartillas con la supuesta ideología de género estancó el esfuerzo por modificar la actitud de los colegios sobre el tema. Eso es lamentable. Ignorar el problema sólo lo invisibiliza: los niños y adolescentes del país siguen siendo vulnerados por culpa de su orientación sexual, en muchos casos con resultados trágicos.

Colombia sólo podrá decir que se hizo justicia en nombre de Urrego hasta que se tomen las medidas necesarias para que los colegios sean espacios seguros para todos. Nos preocupa que ese objetivo está muy lejano aún. ¿Cuántas más vidas se van a arruinar porque el sistema educativo rechaza la diversidad sexual?

 

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