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Apostamos a que nuestros lectores han escuchado esta historia: un político ofrece bultos de cemento y tejas de zinc a cambio de votos. Al hacerlo, crea un sistema de registro para verificar que en efecto se cumple con la votación esperada y se procede a realizar el pago de lo prometido. Carlos Cuenca Chaux, representante a la Cámara por Cambio Radical, acaba de ser condenado a siete años y medio (42 meses) de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante por estos mismos hechos. Aún puede apelar, pero las pruebas en el expediente fueron suficientes para que la Sala de Primera Instancia tomara una decisión contra el político. Sin embargo, ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni la Fiscalía pueden sacar pecho: es inconcebible que esta sea apenas la segunda sentencia de alto nivel en un caso de fraude electoral. La justicia colombiana nos sigue debiendo el desenmascaramiento de prácticas que son secretos a voces y se denuncian elección tras elección.
El caso de Cuenca Chaux es sobre hechos ocurridos durante las elecciones legislativas de 2014. Eso ya muestra el primer problema: la justicia paquidérmica de este país. ¿Cómo es posible que abunden las denuncias, que cierto tipo de prácticas sean vox populi, pero la institucionalidad no reaccione con velocidad y eficiencia? Una década después, apenas estamos viendo una sentencia en primera instancia, mientras la apelación promete demorar aún más el proceso.
No estamos hablando, por cierto, de un hecho sin importancia. Según la Corte, el representante de Cambio Radical prometió al menos a 20 personas que les daría los materiales si votaban por él para llegar a la Cámara baja. En la decisión se lee cómo “es evidente que el beneficio prometido por Cuenca Chaux constituyó una dádiva para que sus destinatarios votaran por sus aspiraciones reeleccionistas de su curul en la Cámara de Representantes, como quiera que al ofrecerles bultos de cemento y tejas de zinc a todas luces era un actuar ilegal que se logró demostrar con los testimonios, algunos de ellos indígenas, con dificultades en el lenguaje, pero aptos para votar, conforme documentación aportada por la Registraduría Nacional”. En cambio, a pesar de tener testimonios, el alto tribunal no pudo hacer nada con la denuncia sobre “personas de la campaña de Cuenca Chaux” que fueron vistas “entregando $200.000 a cada votante”. La justicia es paquidérmica y sus alcances son muy limitados.
Más allá del caso de Cuenca Chaux —y es importante recalcar que puede apelar—, es muy diciente que la única otra sentencia de la CSJ sobre fraude electoral sea la de Aida Merlano. En esa ocasión quedó la amarga impresión de que los determinadores y responsables pasaron de agache frente a los ojos de la justicia.
¿Por qué, entonces, es tan difícil defender la democracia y que la institucionalidad judicial actúe? La CSJ ha mostrado lentitud y a veces indiferencia con los procesos que involucran aforados; la Fiscalía, por su parte, tiene poco para mostrar en términos de desmantelamiento de las redes que operan para robarse las elecciones. Esta es una de las raíces de la desconfianza en nuestro sistema. Si la impunidad es la ley, y todo mundo conoce historias de ofrecimientos indebidos en época electoral, el mensaje que se envía es de complicidad con las malas prácticas. Necesitamos más sentencias y más casos ejemplarizantes antes de decir que la justicia está haciendo un buen trabajo.
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