Ante quienes dicen que el Acuerdo de Paz es un pacto de impunidad y siguen promoviendo su desmantelamiento, por un lado, y quienes creen que en Colombia no pueden fortalecerse las instituciones sin estricto acompañamiento internacional, por el otro, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha demostrado ser un referente mundial en rigurosidad, investigación y construcción de paz. Los temores por la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su examen preliminar de Colombia son infundados. Tiene que leerse como lo que es: un reconocimiento de que la justicia transicional, a pesar de todos los palos en la rueda que directa e indirectamente han buscado ponerle, marcha a pasos de gigante.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue claro: “Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”. Se trata de un gesto de importancia monumental. Hace 17 años la Corte empezó a investigar en Colombia, preocupada por la incapacidad de las instituciones nacionales para combatir la impunidad y proteger a las víctimas. Hoy, con su retiro, lo que Khan y la comunidad internacional están reconociendo es que en nuestro país tenemos las capacidades para dilucidar lo que ocurrió en el conflicto y juzgar a los responsables. Lo que ha faltado, eso sí, es voluntad política.
Básicamente, la CPI cierra su investigación sobre Colombia porque la JEP está cumpliendo su trabajo. El fiscal Khan fue enfático: “Cuando visité la JEP, vi las instalaciones y el personal, y son de clase mundial. Le he dado la vuelta al mundo, y cuando digo que es de clase mundial, no lo digo a la ligera”. Al respecto, Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción, dijo que “la confianza en la JEP la tienen todas las víctimas y la ha refundado hoy una autoridad mundial en el derecho penal internacional como lo es el fiscal Khan". Qué contraste con los discursos que abundan en Colombia, especialmente en el partido del presidente Iván Duque.
Hay quienes temen que la CPI dejó desprotegida a la JEP. No es el caso. El fiscal y el Gobierno firmaron un acuerdo que, entre otras cosas, garantiza que se respeten la financiación y el actuar necesario para la justicia transicional. La administración Duque celebró esto como un triunfo, pero no deja de ser curioso que se le exija por escrito al país cumplir algo que ya está dispuesto en la Constitución. Es un reconocimiento diplomático de que el presidente y su partido han sido, a lo menos, ambiguos defensores de lo pactado.
El mismo presidente Cifuentes lo dijo: “Tan pronto se advierta interferencia grave en la JEP, en ese instante nosotros seremos los primeros en solicitar la intervención inmediata de la CPI”. Pero esperamos que no sea así. En los resultados preliminares que ha entregado la Jurisdicción, hemos visto descubrimientos valiosos sobre ejecuciones extrajudiciales, secuestros y la responsabilidad de todos los actores. A medida que se anuncien más avances en los casos, se verá que la apuesta por la justicia transicional valió la pena. Sobre eso no sobra recordar que los tribunales de paz están en mora de abrir un macrocaso sobre violencia sexual. Las particularidades del conflicto, como lo dijimos en su momento, lo requieren.
La comunidad internacional está respaldando el Acuerdo y a las instituciones colombianas. Esto debería ser motivo de orgullo sin importar ideología política. ¿Será que para las elecciones del año entrante podremos superar la polarización en torno a la justicia transicional?
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