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Aunque en efectos prácticos la anulación del nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa no lo separará del cargo por estar pendiente de recursos en contra y porque nos encontramos cerca del final del Gobierno, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí deja un claro precedente para el presidente Iván Duque y todos los que vengan después de él. En síntesis: la Ley de Cuotas es para cumplirla. El problema inicial es que la participación de las mujeres en la Rama Ejecutiva se vea en términos mínimos y no, como debería, de un imperativo por la justicia social y la igualdad.
La Ley de Cuotas pide que el 30 % de los ministerios, por lo menos, estén ocupados por mujeres. Según el presidente Duque, eso equivale a cinco mujeres nombradas, pero en porcentaje eso representa un 27,7 % debido a que existen 18 ministerios. Por eso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue claro: cuando se nombró a Molano como ministro de Defensa, en febrero de 2021, se violó la ley, pues el Gobierno no estaba cumpliendo el mínimo exigido por esta. El precedente importante por sentar una acción afirmativa dice que “al tratarse de grupos históricamente discriminados, la norma debe aplicarse a favor de ellos y, por lo tanto, el número deberá aproximarse al entero siguiente, que corresponde al número seis”.
Esto no debería ocurrir. Se trata de un fracaso del Gobierno que un ministro sea destituido porque desde Presidencia no se cumplió con la Ley de Cuotas. Aunque en la práctica no veremos los resultados, pues los recursos a la decisión tomarán tiempo en ser resueltos y el mandato del presidente Duque terminará el próximo 7 de agosto, sí es una decisión con efectos importantes a futuro. No solo porque deja claro que deben existir por lo menos seis ministras nombradas en todo momento, sin importar quién ocupe la Casa de Nariño, sino porque le da dientes a una ley que ha sido menospreciada tanto por los gobiernos como por los partidos políticos. También es una mala señal para un Gobierno que empezó con ministerios paritarios y se fue desdibujando con el paso de los años en su promesa de equidad.
La desigualdad en los espacios de poder exige una lucha consciente. Tan es así, que es necesaria la pregunta: ¿acaso no había seis mujeres calificadas, por lo menos, para ocupar los ministerios? En una Colombia ideal no sería necesaria la Ley de Cuotas, pero que un Gobierno que se prometió paritario la termine incumpliendo es señal de lo lejos que estamos de la igualdad material. Por eso necesitamos las acciones afirmativas: para abrir puertas cerradas por sistemas que dejan por fuera a las colombianas, a pesar de ser más de la mitad de la población total en el país.
El Tribunal es claro: “Se puede determinar que, por disposición constitucional, al Estado le corresponde adoptar medidas a favor de grupos que históricamente han sido discriminados, excluidos o marginados, y brindar protección a las personas que se encuentran en debilidad manifiesta, lo que se muestra con la consagración de mecanismos jurídicos que les permitan el acceso a los derechos que han sido limitados”. En pocas palabras: no deberíamos llegar a estas decisiones tan disruptivas. Sin embargo, aquí estamos, porque de los discursos a los hechos sigue existiendo mucho trecho. La Ley de Cuotas es para cumplirla. Es el mínimo. Idealmente, las mujeres deben tener más del 30 % de participación, mucho más. Que los candidatos a ocupar la Casa de Nariño se den por notificados.
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