¿Cómo ve la opción de llegar a una “paz” negociada el Gobierno de Abelardo de la Espriella? La Ley de Sometimiento, aprobada esta semana por el Congreso de la República, nos da algunas pistas, pero sigue dejando interrogantes. La nueva ley corrige uno de los principales errores de la “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro, pues reconoce que los grupos armados al margen de la ley de la Colombia contemporánea son más bandas criminales trasnacionales que movimientos insurgentes con propósitos políticos. El interrogante que persiste es la extrema confianza en una estrategia de seguridad construida sobre la fuerza del Estado, sin una perspectiva integral y compleja de un problema de violencia que ha cambiado mucho sus características en los últimos años.
A riesgo de repetirnos, tenemos que volver a una de las grandes conclusiones del Gobierno Petro: la “paz total” fue un fracaso rotundo. Con la información que obtuvimos en los últimos meses de la administración pasada, quedó en evidencia que los enviados del expresidente Petro trataron con preocupante generosidad a los miembros de los grupos alzados en armas. El “congelados” del entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, es un amargo resumen: se coartó la acción de las autoridades con la esperanza de que eso incentivara diálogos de paz. El mismo mandatario tuvo que cargar durante cuatro años su promesa de que el ELN se acabaría a los pocos meses de él llegar a la Casa de Nariño. Al final, ninguna de las mesas pudo materializarse y buena parte del país eligió al presidente De la Espriella por representar un retorno a la “mano dura” en materia de seguridad.
Hizo falta, durante la administración Petro, más “garrote” y menos zanahoria. Ahora, la Ley de Sometimiento del presidente De la Espriella busca invertir la balanza. Como dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, el objetivo es respaldar a las víctimas y ser “absolutamente fuerte contra el crimen”. Por eso, dijo el ministro en la plenaria de la cámara baja, “no permite zonas de distensión en las que se reúnan personas para seguir delinquiendo, ni la suspensión de órdenes de captura o de extradición”. Al leer los detalles de lo aprobado, se ve una serie de reducciones de pena bajo estrictas condiciones. Para quienes tengan roles de mando los beneficios son menores, y todos los grupos al margen de la ley entran bajo la misma sombrilla de criminalidad que debe someterse a la ley.
Entonces, sí, celebramos que haya regresado la fuerza del garrote a la ecuación y que en los términos de la Ley de Sometimiento se hayan escuchado las preocupaciones que la Fiscalía expresó durante la administración pasada. No obstante, nos queda la duda sobre la efectividad de una ley que busca incentivar el sometimiento pero que… tiene pocos incentivos para que este se produzca. El Gobierno De la Espriella se la juega toda a su capacidad militar: cree que la presión de las autoridades va a ser suficiente para doblegar a los criminales y llevarlos al sometimiento. Esa visión, a la luz de la historia colombiana, suena algo ingenua.
Sí, necesitamos más golpes de autoridad, pero todos los expertos sobre la violencia en Colombia demuestran que las organizaciones criminales han adquirido un nivel de complejidad y dinamismo que supera, por ejemplo, el panorama que enfrentó la administración de Álvaro Uribe. En nuestro país no se puede, como en El Salvador, meter a medio mundo a la cárcel y creer que así se soluciona el problema. Seguimos a la espera de una estrategia integral de paz y seguridad, más allá de golpes de alto impacto en los medios.
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