La masacre de El Tigre

Aunque la llegada del grupo guerrillero fue anterior a la llegada de la coca, desde 1987 éste actuó como regulador del mercado que surgió tras Rodríguez Gacha y el inicio del auge del narcotráfico. No obstante, cuando el capo se vio obligado a huir, quiso asumir el control en el sur. Los Combos y Los Masetas, la primera generación de paramilitares, surgieron de esta retoma. En 1997 éstos se agruparon en el Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar de las Auc y a todos sus lineamientos. Entre 1997 y 1998, para eliminar supuestas o reales bases sociales de la guerrilla, el bloque desarrolló una serie de alegadas labores de inteligencia que acabaron con la vida de varios miembros del movimiento cocalero nacido como reacción a las fumigaciones autorizadas por la administración Samper. Las fumigaciones no se detuvieron, pero sí las protestas, algo que, por demás, no molestó al Gobierno.

No contentos con los múltiples asesinatos, para el año 1999 la estrategia militar del Bloque Sur Putumayo fue la ejecución de masacres. Su propósito: vaciar el territorio, además de subordinar política, económica y socialmente a una población dominada previamente por la guerrilla. La caravana de muerte recorrió El Placer, La Dorada (San Miguel), Las Brisas, El Empalme, El Vergel y terminó en el casco urbano de La Hormiga. La masacre de El Tigre, cuya reconstrucción la presenta hoy el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), fue la primera. La cifra oficial es de 18 personas asesinadas, todos hombres. Se habla, sin embargo, de más de 14 mujeres desaparecidas. Esto además de los daños materiales, los maltratos verbales y la persecución que permaneció años tras la masacre.

Según el informe, la noche del 9 de enero, cerca de 150 paramilitares irrumpieron en el territorio de la inspección de El Tigre. “Auc presentes” escribieron en las paredes, al tiempo que asesinaban y torturaban a los pobladores. Al río Guamuez fueron arrojados algunos de los cuerpos: “Les enterraban el cuchillo en el estómago, lo recorrían hasta el cuello, luego los lanzaban”, cuenta un testigo. El resto fueron amarrados en la plaza central. Horas después los paramilitares decidieron irse, pero no sin antes aclarar que volverían. El éxodo fue masivo. Con el tiempo regresaron cerca de dos terceras partes de los pobladores. No obstante, la amenaza se intensificó: en 2001 el Bloque Sur Putumayo decidió hacer presencia permanente. Desde su llegada, establecieron un modelo de comportamiento social que reguló la vida de los habitantes; exigieron fidelidad y enfatizaron que la producción de la coca estaría a su cargo.

El Estado finalmente recuperó la soberanía, pero se ha limitado al cuidado de las petroleras y a adelantar controles territoriales. Una intervención insuficiente para un pueblo que, estigmatizado como guerrillero, vivió en toda su fuerza la arremetida paramilitar. Es cierto, no es posible restablecer la vida de las personas asesinadas o desaparecidas ni remediar el dolor de los familiares. Sin embargo, se debe, por lo menos, restituir su nombre y su dignidad, reconociendo lo arbitrario, atroz e injusto de los hechos acontecidos, a fin de contribuir a las garantías de no repetición y de crear mecanismos que permitan la reconstrucción del tejido social. Es sólo un paso, cierto. Pero uno que los habitantes de la inspección de El Tigre reclaman y que les compete al Estado y a la acción civil asegurar. Las masacres en el sur del Putumayo fueron muchas, pero por algún lado hay que comenzar.