El debate público colombiano tiene que mejorar la manera en que reacciona a las protestas de la minga indígena. Cada vez que hay un levantamiento, un llamado de atención, vemos a quienes se apresuran a estigmatizarlos, a vincularlos con grupos guerrilleros e ilegales y a decir que no tienen ningún motivo para estar pidiendo reconocimiento. Eso lo único que consigue es posicionar un discurso de “ellos” (los protestantes) contra “nosotros” (la institucionalidad), además de que se fomenta la violencia en su contra. ¿Cuántos años más pasarán en Colombia para que voces de relevancia nacional dejen de mirar las botas de los indígenas con malos ojos y creer que todo se trata de una conspiración?
La minga ha declarado su vocación de protesta pacífica. Por eso es tan importante reconocerla como tal. Es frustrante que los debates siempre se concentren en qué grupo armado está buscando sacar provecho, cuando hay ciudadanos queriendo ser escuchados, haciendo valer sus derechos.
Igualmente, hay más que suficientes motivos para que la Minga del Suroccidente quiera hablar con el Gobierno. La situación en la región es deplorable, los asesinatos a líderes sociales y a otras personas siguen presentándose y, pese a las promesas, el Gobierno está lejos de haber respondido con suficiencia a todas las necesidades. Partamos de ese punto para empezar a reconocer la complejidad y lo importante de lo que está ocurriendo.
La minga ha sido enfática en desmentir los rumores de infiltración por disidencias de las Farc y el Eln. “Ello lo interpretamos”, dicen, “como una prueba de los intereses malintencionados de alterar el desarrollo de la protesta, generar caos y problemas de orden público”. Tienen razón. Más aún, es otra manera de amedrentarlos. Los señalamientos de complicidad con grupos ilícitos hacen que los manifestantes se conviertan en objetivo de otros actores armados. Ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Por eso insistimos en que las palabras importan y no podemos lanzar acusaciones a la ligera.
Ahora, también es verdad que la Minga del Suroccidente debería reconocer la voluntad del Gobierno Nacional. Insisten en que su debate debe ser directamente con el presidente Iván Duque. Sin su presencia, ven obstáculos para proseguir. Pero la realidad es que Presidencia les está dando la cara. Junto con la ministra del Interior, Alicia Arango, están los ministros de Salud, Agricultura, Ciencia y Ambiente, la Consejería para la Estabilización, la Oficina del alto comisionado para la Paz, la Dirección Nacional de Planeación, entre otros. ¿Cómo puede decirse que con esos representantes no hay suficiente capacidad de debate y poder decisorio? Que la minga reconozca a su contraparte sería un gran paso adelante.
El 12 de octubre, la minga dijo que los funcionarios del Gobierno intentaron “desviar el diálogo a espacios de mesas sectoriales con los ministerios que se hicieron presentes”. También agregaron que su movimiento no es solamente indígena, ya que está integrado por campesinos, afrocolombianos, estudiantes universitarios, entre otros grupos. Esperamos que en las reuniones que seguirán ambas partes entiendan que lo mejor es escucharse y llegar a acuerdos, para demostrar que en Colombia se respeta la manifestación social.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El debate público colombiano tiene que mejorar la manera en que reacciona a las protestas de la minga indígena. Cada vez que hay un levantamiento, un llamado de atención, vemos a quienes se apresuran a estigmatizarlos, a vincularlos con grupos guerrilleros e ilegales y a decir que no tienen ningún motivo para estar pidiendo reconocimiento. Eso lo único que consigue es posicionar un discurso de “ellos” (los protestantes) contra “nosotros” (la institucionalidad), además de que se fomenta la violencia en su contra. ¿Cuántos años más pasarán en Colombia para que voces de relevancia nacional dejen de mirar las botas de los indígenas con malos ojos y creer que todo se trata de una conspiración?
La minga ha declarado su vocación de protesta pacífica. Por eso es tan importante reconocerla como tal. Es frustrante que los debates siempre se concentren en qué grupo armado está buscando sacar provecho, cuando hay ciudadanos queriendo ser escuchados, haciendo valer sus derechos.
Igualmente, hay más que suficientes motivos para que la Minga del Suroccidente quiera hablar con el Gobierno. La situación en la región es deplorable, los asesinatos a líderes sociales y a otras personas siguen presentándose y, pese a las promesas, el Gobierno está lejos de haber respondido con suficiencia a todas las necesidades. Partamos de ese punto para empezar a reconocer la complejidad y lo importante de lo que está ocurriendo.
La minga ha sido enfática en desmentir los rumores de infiltración por disidencias de las Farc y el Eln. “Ello lo interpretamos”, dicen, “como una prueba de los intereses malintencionados de alterar el desarrollo de la protesta, generar caos y problemas de orden público”. Tienen razón. Más aún, es otra manera de amedrentarlos. Los señalamientos de complicidad con grupos ilícitos hacen que los manifestantes se conviertan en objetivo de otros actores armados. Ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Por eso insistimos en que las palabras importan y no podemos lanzar acusaciones a la ligera.
Ahora, también es verdad que la Minga del Suroccidente debería reconocer la voluntad del Gobierno Nacional. Insisten en que su debate debe ser directamente con el presidente Iván Duque. Sin su presencia, ven obstáculos para proseguir. Pero la realidad es que Presidencia les está dando la cara. Junto con la ministra del Interior, Alicia Arango, están los ministros de Salud, Agricultura, Ciencia y Ambiente, la Consejería para la Estabilización, la Oficina del alto comisionado para la Paz, la Dirección Nacional de Planeación, entre otros. ¿Cómo puede decirse que con esos representantes no hay suficiente capacidad de debate y poder decisorio? Que la minga reconozca a su contraparte sería un gran paso adelante.
El 12 de octubre, la minga dijo que los funcionarios del Gobierno intentaron “desviar el diálogo a espacios de mesas sectoriales con los ministerios que se hicieron presentes”. También agregaron que su movimiento no es solamente indígena, ya que está integrado por campesinos, afrocolombianos, estudiantes universitarios, entre otros grupos. Esperamos que en las reuniones que seguirán ambas partes entiendan que lo mejor es escucharse y llegar a acuerdos, para demostrar que en Colombia se respeta la manifestación social.
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