La declaratoria de emergencia por la fiebre amarilla ha desatado dos debates en paralelo que, al mezclarse, amenazan con torpedear una necesaria iniciativa de salud pública. Por un lado está la pregunta de si era urgente y, por ende, conveniente que el Gobierno nacional decretara la emergencia; por el otro, si el dinero necesario para cubrirla puede salir, como sugirió el presidente, de recursos ya asignados para concesiones 4G y debido a supuestos incumplimientos, que no han sido probados. Tenemos que atender ambos aspectos, pero con la mirada puesta en algo claro: hay colombianos en riesgo grave y el país debe responder de manera efectiva.
Sí, estamos en emergencia de fiebre amarilla. Los datos lo demuestran; nos quedamos con dos: de 2017 a 2023 tuvimos menos casos de fiebre amarilla que los que se han reportado de 2024 a 2025, en particular desde noviembre del año pasado. No solo eso. La mortalidad es abrumadora. Al cierre de esta edición, tenemos 83 casos con 37 personas muertas; una morbilidad del 46 %. La crisis es particularmente grave en el Tolima, foco de esta epidemia, con 65 casos y 24 muertes. También hay alertas de casos en Putumayo, Nariño, Meta y Caquetá.
El problema es que, para evitar que la situación escale y se salga de control, necesitamos hacer dos procesos que requieren toda la atención del Gobierno nacional y de las entidades territoriales: aumentar las tasas de vacunación, con una campaña ambiciosa que haga presencia en los territorios afectados, y mejorar la capacidad de rastrear los casos, para poder entender cómo está progresando la enfermedad. Como explicó en El Espectador este domingo Zulma Cucunubá, epidemióloga y directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana: “Declarar la emergencia sanitaria es una medida adecuada para movilizar recursos, acelerar la vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y coordinar acciones entre niveles territoriales, dado que la magnitud de la operación de una campaña masiva de vacunación está por fuera de las actividades rutinarias del sistema”.
El Ministerio de Salud parece tener muy claro lo que debe hacer y, sobre todo, cómo debe priorizar, pues el riesgo no es igual en un lugar como Bogotá que en el Tolima y sus alrededores. En entrevista con El Espectador, el ministro Guillermo Jaramillo contó que “en la resolución sanitaria de emergencia hemos definido con precisión los municipios y sectores donde las personas deben estar más alerta, sobre todo en zonas selváticas, boscosas y rurales. Son cerca de 400 municipios en todo el país”.
Ahora, la pregunta del billón de pesos es ¿de dónde saldrá el dinero para la emergencia? El presidente Gustavo Petro dijo que se necesitarían entre $600.000 millones y un billón, y sugirió que el dinero, en un Estado desfinanciado, podría salir de concesiones 4G que “están guardando la plata en los bancos en fidecomiso, porque no cumplen los contratos de construcción de carreteras”. La respuesta de las empresas contratistas fue una vehemente negación. La pregunta de fondo es si una emergencia sanitaria debe prestarse para que la Casa de Nariño emprenda una pelea política más, dejando sobre la mesa una cuestión a la legitimidad en el uso de sus poderes de excepción. Ante la gravedad de lo que enfrenta el país, este no puede ser un espacio más de campaña, sino de gobernanza con responsabilidad. Hay que evitar la tentación de sacarle rédito electoral a todo lo que se hace en este año y medio que le queda al presidente.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
