La otra inconveniencia de objetar la JEP

No se han estudiado con suficiencia los efectos institucionales y políticos que objetar la JEP causaría. / Foto: Archivo

El debate sobre objetar por inconveniencia la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha considerado con suficiencia un punto importante: la inconveniencia de generar un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cuando hay interés en aprobar una agenda de proyectos de reforma ambiciosos que no admiten distracciones. El Gobierno no puede ignorar este factor al tomar la decisión final sobre el tema.

Antes de profundizar en ese punto, es inevitable recordar lo que está en juego. Las objeciones que se han planteado desde el Centro Democrático y la Fiscalía a la estatutaria de la JEP ya fueron resueltas por la Corte Constitucional y, en algunas ocasiones, denotan un interés no tan oculto por sabotear todo el esfuerzo de justicia transicional. Eso no es inconveniencia sino sectarismo.

Objetar la ley estatutaria de la JEP causaría traumatismos en la implementación del Acuerdo de Paz que serían responsabilidad directa del gobierno de Iván Duque. Mientras el Congreso y la Corte resuelven el asunto, los tribunales de paz seguirían actuando sin mayor regulación, lo que a la vez generaría dudas sobre sus decisiones, dinamitando la legitimidad de todo el sistema de justicia transicional y creando más incertidumbre. A nivel internacional, Colombia seguiría dándose a conocer como un Estado que no solo incumple sus promesas, sino que no parece respetar la seguridad jurídica. Eso es lo inconveniente.

Pero esos argumentos ya han tenido suficiente espacio e, intuimos, el Gobierno ya tiene clara su posición frente a ellos.

Lo que no se ha estudiado con suficiencia son los efectos institucionales y políticos que una objeción causaría.

Reenviar la ley estatutaria al Congreso sería someter a una rama legislativa que no ha mostrado mayor unidad durante la presidencia de Iván Duque a un proceso de conflicto al decidir si se insiste o acepta el veto del mandatario.

Si lo segundo ocurre, entonces se abre otra caja de Pandora: será necesario plantear otro proyecto de ley estatutaria. Estos debates serán también un campo de batalla, obstrucciones, intereses por introducir reformas dañinas para la justicia transicional y las peores mañas de nuestro proceso legislativo. Lo vimos durante el gobierno anterior; no hay motivos para creer que no ocurrirá lo mismo.

Todo esto, que consumirá tiempo y necesitará la atención del Gobierno, significa que todas las otras iniciativas legislativas del Ejecutivo tendrán que competir en un Congreso saturado. El año pasado fue frustrante para la administración Duque no haber podido pasar sus reformas. ¿Está dispuesto a desgastarse en una pelea que ya podría dar por saldada?

Una vez se apruebe en el Congreso la nueva ley estatutaria (si se aprueba, pero ese es otro debate), vendrá la revisión de una Corte Constitucional que ya había fallado sobre el tema y ordenado su sanción. Será, entonces, otro espacio de fricción y desgaste para este gobierno.

El futuro después de una objeción presidencial está plagado de problemas. ¿No será que eso es lo más inconveniente de todo este debate?

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