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La importante visita a Suecia del presidente de la República, Gustavo Petro, se vio opacada por los crecientes ataques de la disidencia de Iván Mordisco en Cauca y Valle del Cauca. Mientras el mandatario consiguió firmar un acuerdo de apoyo a los diálogos con el ELN y de respaldo financiero a la justicia transicional en el país escandinavo, en Colombia los procesos de paz total y, en particular, la capacidad del Estado de brindar seguridad son una pregunta abierta.
Fueron cuatro ataques el mismo día. En Jamundí estalló una motocicleta bomba en medio del pueblo y hubo un hostigamiento contra una estación de Policía en la zona rural del municipio. En Cajibío, Cauca, igual hubo un ataque contra la estación de Policía, mientras que hubo ataque con drones en El Plateado, también en Cauca. El resultado es el esperado: zozobra en las comunidades, sensación de desprotección y una Fuerza Pública que se siente acorralada. Las preguntas son: ¿qué implica para los procesos de paz en curso?, y, ¿cómo refleja sobre la estrategia de seguridad del Gobierno?
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “las acciones terroristas son de los impotentes, los que no tienen capacidad para enfrentar”. Por su parte, el jefe negociador de la delegación del Gobierno con el Estado Mayor Central, Camilo González Posso, señaló que “hay una imagen un poquito desproporcionada de la realidad de Cauca, allá hay una serie de grupos pequeños con capacidad de hacer ruido, pero no hay una estructura militar con capacidad de confrontar o que tenga alguna posibilidad de desestabilizar o al Ejército o al Estado”. Y concluyó: “Quince personas con cuatro cajas de explosivos pueden hacer un caos en cualquier parte”. Esa estrategia argumentativa es la similar a la que se presenta en el debate sobre “percepción de inseguridad vs. realidad de las cifras”, como ha ocurrido en los últimos tiempos en Bogotá.
Aunque lo que diga González Posso sea cierto y el Estado siga teniendo superioridad militar y numérica, la realidad es que esas “quince personas con cuatro cajas de explosivos” están triunfando en el objetivo del terrorismo, de hacer que las personas vivan con miedo. Responder con bravuconería es ignorar que el Gobierno viene perdiendo la batalla por la seguridad. Justo esta semana, también, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, denunció el hallazgo de una carretera ilegal de 14 kilómetros pavimentada por las disidencias de Mordisco y utilizada para exportar el producto de la minería ilegal. Es difícil, en ese panorama, comprar el discurso que busca restarle importancia a lo que ocurre.
No se trata de sobredimensionar el poder del grupo criminal de Mordisco ni de las organizaciones ilegales que están sembrando terror en el país. Sí es importante, no obstante, que el Gobierno pueda mostrar pronto resultados de las negociaciones a la par que se recupera la fuerza estatal en los territorios donde se ha sembrado la violencia. Mientras el presidente está haciendo esfuerzos por posicionar la voz del país a favor de la paz en los conflictos globales, una misión loable, no puede descuidar también las necesidades locales. El país está en un momento de definición de lo que logrará esta administración en el tiempo que le queda en la Casa de Nariño.
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