La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa un momento decisivo. Esta semana, en un cementerio en Pitalito, Huila, antiguos integrantes del antiguo secretariado de las FARC participarán en labores relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, como parte de la primera sanción propia impuesta por la justicia transicional. Sin embargo, este paso ocurre en medio de cuestionamientos de algunas víctimas, que consideran que fue insuficiente su participación en el diseño de la actividad y dudan de su alcance reparador. Y ocurre, además, cuando el senador Enrique Gómez llevó al Congreso una propuesta de recorte presupuestal de hasta COP 100.000 millones, respaldada por el Gobierno.
El presidente Abelardo de la Espriella ha cuestionado los recursos asignados a la jurisdicción, ha preguntado qué se ha hecho con los más de tres billones de pesos que ha recibido desde su creación y ha sostenido que el país no está obligado a financiar sin límite lo que considera una burocracia especial que, según él, favorece la impunidad, mientras el gobierno enfrenta estrecheces fiscales. Son preguntas legítimas. Toda entidad pública debe rendir cuentas sobre el uso de los recursos que recibe. Ninguna institución puede quedar exenta del escrutinio ciudadano.
Pero la discusión no puede quedarse allí. La JEP es uno de los pilares del sistema de justicia transicional que Colombia diseñó para cerrar más de medio siglo de conflicto armado. Y ese sistema no fue concebido únicamente para castigar a los responsables. Fue creado, sobre todo, para establecer la verdad de lo ocurrido, reconocer a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición. Si la JEP desaparece, el Estado colombiano no pierde la obligación de esclarecer los hechos del conflicto armado.
Conviene recordar que la justicia transicional parte de una premisa distinta a la de la justicia penal tradicional. Se trata de un modelo jurídico aplicado en contextos de violencia masiva, donde miles de crímenes fueron cometidos durante décadas por distintos actores armados –en nuestro caso esto incluye a las guerrillas, a grupos paramilitares, y al Estado–. Se prioriza el esclarecimiento de los hechos, la reparación y la no repetición sobre el envío de culpables a la cárcel.
Colombia asumió compromisos nacionales e internacionales al poner en marcha el Acuerdo de Paz de 2016. Cuando la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre el país, lo hizo bajo la premisa de que las instituciones colombianas continuarían investigando y juzgando los crímenes más graves del conflicto. La JEP es una pieza central de ese esfuerzo. Debilitarla hasta volverla incapaz de cumplir sus funciones pondría en duda la capacidad del Estado para investigar y sancionar crímenes de guerra, lo cual honra los compromisos adquiridos tanto con las víctimas como con la comunidad internacional.
Nada de esto significa que la jurisdicción sea infalible. Ciertamente, los resultados de la JEP deben ser examinados y sus gastos deben ser transparentes. Pero una cosa es exigir cuentas y otra muy distinta privar a una institución de las herramientas necesarias para cumplir la tarea que el propio Estado le encomendó. La reducción presupuestal de la JEP que ha sido propuesta equivale a ahogarla financieramente, lo que impediría su funcionamiento. No obstante, sobre el Estado colombiano recae un mandato de cumplir en buena fe lo pactado en el acuerdo.
La discusión de estos días no debería reducirse a una pelea por plata. Está en juego la capacidad de Colombia para conocer la verdad completa sobre su conflicto armado y para ofrecer a las víctimas algo más que una promesa.
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