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Los escándalos que sacuden por estos días las iniciativas de Paz total demuestran que al Gobierno le ha faltado diálogo con la opinión pública, las entidades territoriales y con los entes de control, en particular la Fiscalía. Las quejas desde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, sumadas a las frustraciones de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, exigen respuestas mesuradas, transparentes y que ayuden a blindar cualquier eventual acuerdo de paz con legitimidad. No podemos cometer los errores de los procesos en el pasado cuando se excluyó a un sector de la población solo por creerlo “oposición”.
Antioquia está sacudida por la suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, que habían sido acreditados como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI). Empezando esta semana, la fiscal Camargo retiró la suspensión de las órdenes sobre 16 de ellos por una razón que demuestra la falta de coordinación institucional. A pesar de haberse reunido con altos miembros del Gobierno, la líder de la Fiscalía dijo que “en ningún lado se menciona que 16 de esas personas están privadas de la libertad en cumplimiento de una condena. El proceso que se realiza con bandas es un proceso de sometimiento a la justicia, entonces se supone que quien cumple una condena ya está sometido a la justicia”. Es decir, no le habían dicho que había órdenes de captura contra personas que ya estaban en la cárcel.
La frustración de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín es más profunda. En esencia, argumentan que darles beneficios a estos delincuentes va a desencadenar dificultades para las autoridades, así como una posible coacción electoral. Sobre esto, la senadora Isabel Zuleta, que ha liderado los diálogos con las bandas criminales, respondió que el proceso “avanza de manera firme, sostenida y responsable”. La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz defendió también la medida diciendo que se trata de “dinámicas propias de la construcción de paz”. El problema, nos parece, es uno de comunicación. A pesar de que el Gobierno ha dicho que los procesos van por buen camino y que pronto irán a las poblaciones más afectadas a socializar lo avanzado, son pocos los resultados que se han visto en la práctica. No sabemos qué se ha pactado, cuál es el plan y si hay posibilidad de un acuerdo antes del fin del Gobierno.
Algo similar ocurre en los diálogos con las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. El presidente Gustavo Petro ha defendido la voluntad de paz de ese grupo criminal, pero la fiscal Camargo acaba de enviarle una carta pidiéndole levantar la suspensión de la orden de captura contra Calarcá. En la misiva se lista una serie de crímenes que ha cometido el líder de la disidencia a pesar de ser un gestor de paz, como el homicidio de la lideresa Nasa Carmelina Yule, la masacre de 26 personas en Miravalle (Guaviare) y aterrorizar al departamento del Meta. Si el mandatario dejara de creer que la fiscal hace parte de una conspiración contra sus ambiciones de paz, podría sentarse a dialogar con el ente investigador para ver si están abusando de su generosidad y se están burlando del Estado colombiano.
Los procesos de paz necesitan legitimidad ante la opinión pública. En estos cuatro años de gobierno hemos visto intentos de diálogos que se desarrollan entre la torpeza, las promesas incumplidas y la opacidad. Es necesario reconsiderar, por el bien de la apuesta por la paz.
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