La paz y no la guerra con Ecuador

Al margen de la legalidad con que intervino el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, nadie niega que la operación demostró que las selvas eran territorio libre de control para los subversivos. Desde entonces, un furibundo nacionalismo de parte del presidente Correa llevó a finiquitar las relaciones diplomáticas con Colombia, cuyo Gobierno poco o nada hizo por impedirlo.

Ahora que el propio presidente Uribe expresó su deseo de reanudar las deterioradas relaciones, no debe sorprender la reiteración de las exigencias hechas por su homólogo ecuatoriano. Ponerle fin a la campaña que vincula a Ecuador y sus autoridades con las Farc, agilizar la entrega de la información sobre la incursión militar del 1° de marzo, hacer efectiva la entrega de información sobre los computadores encontrados en Angostura e incrementar la contribución de Colombia en el apoyo a los miles de refugiados que huyen de la violencia no son necesariamente requerimientos ideados para enturbiar el camino hacia una reanudación de las relaciones diplomáticas. Se enmarcan, por el contrario, en el reconocimiento público que el vecino país ha hecho de no tranzar con ningún grupo violento, incluidas las Farc, y en el deseo de resarcir una conducta beligerante que de cualquier manera fue criticada por la comunidad internacional.

Antes de obedecer o rechazar de plano las declaraciones del mandatario ecuatoriano, el Gobierno Nacional está en todo su derecho de estudiar una por una la viabilidad de cada exigencia. De hecho, en la tropical Cumbre de Río, en la que se rompió el hielo en el punto más tenso de la relación, el presidente Uribe se comprometió en varias de ellas. Pero preocupa que el enfoque con que se analiza el escenario en discusión obedezca por momentos a la intención de retornar a las recriminaciones. Si Correa tilda a las Farc de grupo irregular y no de terrorista, en nada contribuirá la discusión semántica a arreglar el problema humanitario de los cerca de 18 mil colombianos reconocidos por el gobierno ecuatoriano como refugiados.

Y qué decir de la protesta de la Cancillería —luego de que las autoridades ecuatorianas volviesen a exigir el pasado judicial— por el supuesto trato “discriminatorio” y “xenofóbico” del vecino país hacia los colombianos. Sería bueno tener suficiente cabeza fría para entender que las dificultades vividas en la frontera y el clima de zozobra en que habitan municipios como San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, explican, si bien no justifican, medidas tan antipáticas. Los grupos delincuenciales colombianos, que no sólo son las Farc, ya que se sabe también de la presencia de las ‘Águilas Negras’, violan las fronteras y amedrentan a los pobladores ecuatorianos con extorsiones, secuestros, boleteos y asesinatos. Por lo demás, la política del hermano país frente a los refugiados ha sido abiertamente reconocida por la ONU como vanguardista por su compromiso en la construcción de caminos que lleven a la paz.

El anuncio de la creación del Comando Unificado del Sur, que vendría a agregarse a los 27 mil hombres que hacen presencia en la frontera con Ecuador, si bien puede ser un aliciente a la desbordada situación de violencia, no parece una respuesta suficiente para las víctimas, ecuatorianos y colombianos, del conflicto interno que vive el país. Quizá sea hora de poner a un lado las enemistades y los egos de los dos mandatarios, por cuya terquedad y orgullo miles de personas se han visto afectadas, para poder pasar a enfrentar conjuntamente el delito y a brindar la atención humanitaria requerida.