Las peleas entre el distrito de Bogotá y el Gobierno de Gustavo Petro son contraproducentes no solo para la ciudadanía, sino para los políticos involucrados. Desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha querido actuar como alcalde de facto en las decisiones más importantes de la capital, lo que lo enemistó con la exalcaldesa Claudia López y ahora con el alcalde Carlos Fernando Galán. Mientras tanto, la ciudad necesita respuestas no solo en movilidad, sino en temas tan delicados como el abastecimiento de agua para las próximas décadas. Curioso que el mandatario entorpezca los procesos capitalinos tal como él lo sufrió con el Gobierno nacional cuando era su proyecto político el que estaba en el Palacio Liévano.
La frustración del alcalde Galán es cada vez más notoria. A pesar de ser un político que llegó a la Alcaldía con un discurso conciliador, parece que su mano abierta no ha sido bien recibida en la Casa de Nariño. En el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lanzó varias críticas al presidente Petro. “En el caso de Bogotá, por cuenta seguramente de haber pasado ellos por aquí, quieren imponer una visión”, dijo, refiriéndose a la administración de Petro en la Alcaldía. Y prosiguió: “El Gobierno nacional tiene unas aspiraciones y depende de los gobiernos locales para materializar eso. Hay una competencia, hay un ataque permanente, ha habido la intención de una visión que no debe imponerse”. También pidió que se “reconozca la autonomía regional y trabaje de la mano de los gobiernos locales para entregarle soluciones a la gente y construir, entre todos, un mejor país”.
En respuesta, el presidente Petro dijo: “Si ponemos los recursos, opinamos. Los recursos del metro de Bogotá los pone en un 70 % la nación”, y agregó que “la inversión que hace el pueblo colombiano en Bogotá se va a esfumar por puro sectarismo”. Sin embargo, una cosa es opinar, como en efecto hay derecho, y otra muy distinta querer imponer la visión de la nación. Repasemos lo que ha ocurrido.
Cuando Claudia López todavía era alcaldesa, el Gobierno nacional amenazó con retirar la financiación e incluso el presidente Petro hizo un viaje a China para obtener una renegociación del acuerdo de construcción de la primera línea. Las reuniones infructuosas entre Distrito y nación se alargaron tanto, que dejaron a Bogotá sin poder actuar, mientras el Pacto Histórico intentaba recuperar la Alcaldía. Cuando no ocurrió así y fue elegida una propuesta que quería continuar con el metro contratado, el presidente ha seguido discutiendo con el nuevo alcalde mientras la obra ya está en ejecución. Esto, aunque no ha entorpecido la construcción, sí ha hecho que el diálogo entre el Palacio Liévano y la Casa de Nariño sea muy complicado. Hoy, por ejemplo, es muy difícil pensar una articulación entre nación y Distrito para enfrentar la crisis del agua con un proyecto ambicioso de infraestructura.
Sí, los recursos de los colombianos son claves para financiar los proyectos de las ciudades, pero son los entes territoriales los que definen su propio ordenamiento territorial. Ya tres alcaldes (Enrique Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán) han sido elegidos para construir el metro elevado, pero el Gobierno nacional sigue “opinando”. Sería útil que se replantee esa relación, por el bien de todos los colombianos.
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