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Si uno escucha a los defensores de la cadena perpetua, desde el presidente Iván Duque hasta organizaciones de la sociedad civil, creería que están haciendo un esfuerzo heroico y necesario por los derechos de los niños. Cualquiera pensaría que Colombia no tiene ya penas muy severas contra la violación y el asesinato de niños y niñas (sí las tiene), y que la única razón por la que no se ha podido cumplir la promesa de la Constitución es que unos tercos juristas han evitado materializar la prisión perpetua. Ya está cogiendo fuerza el llamado a un referendo. Pero tanto grito retórico y golpe de pecho oculta una frustración: se concentran en el populismo de una herramienta inútil porque no tienen respuestas al problema de fondo.
El Congreso y la Presidencia sabían lo que estaban haciendo al tenderle una trampa a la Corte Constitucional. Ningún experto jurídico razonable hubiese dudado de que la cadena perpetua sería tumbada por el alto tribunal. Aun así, en un acto de irresponsabilidad que empaña las supuestas buenas intenciones profesadas por todas partes, los congresistas y el presidente aprobaron a las carreras la cadena perpetua. Eso puso contra la espada y la pared a la Corte, que quedó forzada a tomar una decisión impopular para proteger la Carta Magna. Ahora la señalan de ir en contra de la voluntad soberana de los colombianos y de no querer proteger los derechos de los niños. Es un acto irresponsable jugar con la legitimidad de la Rama Judicial y de la separación de poderes al querer culpar a los magistrados con mentiras.
El mismo presidente Iván Duque dijo que acataba la decisión, pero que “Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que parece que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas”. Extraña que un mandatario que se autoproclama defensor de las instituciones democráticas desinforme de esa manera sobre la realidad de las normas jurídicas colombianas.
Por donde se le mire, la intervención del presidente tiene fallas. ¿A qué se refiere con que los victimarios tienen más garantías que las víctimas? ¿Acaso ignora que en Colombia ya hay penas muy severas contra los victimarios de delitos atroces y que, de hecho, su proyecto de cadena perpetua abría la puerta para que estos salieran antes de prisión que bajo el régimen actual? Es engañoso, además, creer que proteger a las víctimas es aumentar las penas, cuando el verdadero problema es la impunidad: no hay suficientes procesos que avanzan en medio de un sistema judicial colapsado y sin recursos. Si el líder de los colombianos quisiera proteger a las víctimas, anunciaría reformas ambiciosas que hagan realidad la persecución de los delitos. La cadena perpetua solo se ve bien en el espejismo creado por el populismo punitivo.
Pero el asunto va más allá: la cadena perpetua no protege a los niños y las niñas, ni garantiza sus derechos. Al contrario, por su severidad fomenta la impunidad y la ausencia de denuncias. El presidente y todos sus aliados gastan energía y tiempo fomentando una medida inútil mientras no se dan los debates de fondo sobre cómo proteger a los más vulnerables. Insisten en su cruzada quijotesca. Por fortuna, la Corte Constitucional no depende de las urnas para tomar decisiones acertadas.
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