Siete años después de que el gobierno del presidente Andrés Pastrana solicitara un período de gracia con el objetivo implícito de que los grupos armados se acogieran a un proceso de paz y sus delitos de guerra quedasen fuera del alcance de la CPI, la justicia colombiana se somete a la presión de la comunidad internacional. Ya lo había hecho respecto a los delitos de lesa humanidad y genocidio desde 2002.
No de otra manera debe interpretarse la entrada en vigor del Estatuto de Roma, suscrito por 120 países el 17 de julio de 1998. La CPI, que entró en funcionamiento el 1° de julio de 2002, luego de que 60 estados ratificaron el Estatuto ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, en adelante acompañará las investigaciones a que den lugar los crímenes cometidos por los distintos grupos armados, pero también de las propias fuerzas del orden.
Quienes critican, las más de las veces con intenciones políticas, el paso lento y posiblemente errático de la justicia interna ante los delitos de guerra, estiman que estamos de cara a un instrumento jurídico supranacional que garantizará todo aquello que las instituciones colombianas pasan por alto. En adelante, aseguran, no habrá crimen que pueda sustraerse del peso de la ley. “El fin de la impunidad” gritan los más entusiastas.
Bajo la misma lógica polarizante y desde la orilla contraria, los principales detractores de la CPI se rehúsan a creer en los beneficios de su mirada y posible intervención. Colombia, certifican, entregará su soberanía y será injustamente estigmatizada de paraíso criminal y Estado fallido. La CPI, argumentan, no pasa de ser una entrometida cuya valoración de lo que ocurre en Colombia con su conflicto interno debiera mover a la indignación.
Unos y otros, por supuesto, dramatizan la posición desde la que intervienen. La CPI, además, forma parte de un andamiaje institucional que es global y que no le es ajeno al país. Al querer formar parte de un mundo globalizado, se da por hecho que Colombia acepta los estándares éticos de la comunidad internacional.
Es cierto que no vivimos las condiciones que condujeron en la República Democrática del Congo, Uganda, Sudán y República Centroafricana a que la Corte abriera investigaciones por petición de los propios Estados o por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La institucionalidad, aunque diezmada, aún arroja luces de existencia.
Pero también es verídico que Colombia vive una delicada situación humanitaria y un largo historial de crímenes de guerra no resueltos en los que la CPI puede estar legítimamente interesada. En algunos de estos casos se sabe que la CPI ya ha indagado. Se discute, por ejemplo, su interés en las actividades de políticos presuntamente relacionados con crímenes atroces perpetrados por grupos armados, así como su atención prestada al posible apoyo brindado por gobiernos extranjeros.
En estos espinosos asuntos, y en otros que posiblemente no se han hecho públicos, ha habido sin embargo colaboración de parte de la Rama Judicial. Y no hay motivos suficientes, por lo pronto, para considerar que la cooperación se interrumpirá.
Con todo, es al Fiscal de la Corte a quien corresponde tomar la decisión de una posible intervención en los episodios que considere que la justicia colombiana no está atendiendo. Antes que elucubraciones sobre si la CPI atenderá o no al llamado de los falsos positivos, o si intervendrá para forzar resultados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, conviene que de la incertidumbre se transite a la agilización de resultados visibles y por todos comprobables en materia de justicia. La presión, en esto, es más que bienvenida.
Por El Espectador
