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La reforma tributaria (bautizada como Ley de Financiamiento) se veía venir. Los reclamos airados de sectores de la población y la opinión pública también. Más allá del ruido y la indignación, no obstante, debería darse un debate sobre cuál es la manera más eficiente de garantizar la sostenibilidad del Estado en el mediano plazo durante una época difícil financieramente. De fondo está también la pregunta sobre cómo evitamos que la clase media sea la encargada, como ha sido usual y ahora se repite, de soportar el mayor peso tributario.
El diagnóstico propuesto por el Ministerio de Hacienda es claro: hay proyectos desfinanciados y, por ende, es necesario aumentar el recaudo tributario. En total, la ley de financiamiento busca obtener por lo menos $14 billones adicionales en el primer año. Sería necio desconocer que el Estado necesita ese dinero.
La discusión se ha centrado en el cómo. A través de la unificación de las tarifas del IVA en el 80 % de la canasta básica familiar para 2019, el Gobierno propone reducir en un punto la tributación, pero incrementar la cantidad de productos afectados. La propuesta es que a partir de 2021 ese monto se reduzca un punto más, al 17 %. El objetivo es que este cambio recaude entre $10 y $12 billones anuales adicionales.
El Gobierno debería entender los motivos para el reclamo público: si utilizó una plataforma en contra del aumento de impuestos en campaña, es apenas natural que al llegar a la Presidencia tenga tal oposición si, como dicta la necesidad, se propone aumentarlos. Dicho eso, nos parece que el apretón es necesario y la propuesta no es descabellada.
Lo más interesante de la propuesta del Gobierno es la simplificación de todo el estatuto tributario. Ese es un objetivo aplazado por demasiados años. Para las personas naturales, tener un régimen más claro puede ayudar a incrementar el número de contribuyentes. La tarifa única y la reducción de las exenciones son pasos lógicos.
Es necesario preguntar, no obstante, ¿por qué esa eliminación de exenciones no es igual de ambiciosa en los impuestos corporativos? Si bien el Gobierno desde siempre anunció una reducción de los impuestos a las empresas, estas siguen teniendo múltiples maneras de pagar menos. ¿Se puede hablar de equidad cuando el régimen de las personas naturales es menos permisivo que el de las empresas? Eso sin mencionar una pregunta obvia: ¿por qué los dividendos siguen exentos?
Otro aspecto interesante será ver cómo funciona la devolución anticipada a los hogares más vulnerables. Según el Gobierno, se dará una compensación de $51.300 a los hogares de los deciles del uno al tres, que equivalen al 30 % de la población total del país. Aparte las dudas sobre su implementación, se trata de una interesante manera de dar progresividad a un impuesto tan poco progresivo como el IVA general.
Quedan sobre la mesa otras preguntas: ¿por qué no hay más y mejores incentivos para la formalización, cuando la propuesta en IVA es presumible que fomente la informalidad? ¿Cómo asegurar, de hecho, el recaudo del IVA en productos básicos de la canasta que se comercian en ambientes informales? ¿La reducción de impuestos a las empresas resulta suficiente cuando la demanda por sus productos probablemente se contraerá? Y más que nada, ¿será capaz el Congreso de dar este debate lejos de los radicalismos y los intereses que destrozan las reformas que llegan para su aprobación?
El viernes, en una extraña declaración, el Centro Democrático le pidió al presidente Iván Duque retirar el IVA a la canasta familiar. Si esa es una muestra de cómo será el debate por venir, nuevamente Colombia quedará sin una reforma coherente y que piense en el largo plazo.
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