Antes del miércoles pasado, la expectativa era que iba a ocurrir un desastre. Desde las cuentas sociales de personas defensoras del Gobierno se viralizaron mensajes que señalaban a la oposición de querer incendiar al país y de promover un rompimiento institucional. Algunos mensajes desde la izquierda, que insisten en desconocer los resultados de las últimas elecciones, también especulaban que íbamos a presenciar abusos de poder como los ocurridos durante el estallido social bajo la administración de Iván Duque. Por fortuna, ninguna de esas dos predicciones se materializó en las protestas convocadas esta semana. Por el contrario, la democracia colombiana mostró que tiene mecanismos legítimos para proteger el derecho a la protesta y el Gobierno cumplió con su promesa de respetar a quienes se manifiestan en paz. Se trata, confiamos, de una muestra de madurez de todos los actores políticos que se debería repetir en futuras manifestaciones, ya anunciadas.
Al finalizar la jornada, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio un parte de tranquilidad. “La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones. Eso es democracia, y como presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré”, dijo en un mensaje que difundió en sus redes sociales. Celebramos que así sea. Más adelante repitió que “la protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza”, mientras que “la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato”. La pregunta era, con nuevo decreto de regulación de la protesta social mediante, si la nueva discrecionalidad se iba a prestar para abusos de poder. No ocurrió en esta primera oportunidad y los colombianos pudieron marchar pacíficamente.
Entendemos el miedo que expresaron voces de la oposición de izquierda. La última vez que hubo protestas bajo un Gobierno de derecha, el resultado fue una represión que llevó, precisamente, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que pidió una regulación más garantista de los derechos fundamentales. Si a eso se suma el tono caldeado del debate nacional, es comprensible el recelo que se sintió en redes sociales y en las calles. Por eso mismo era tan importante que el Gobierno De la Espriella, todavía nuevo en su labor, demostrara su intención de garantizar los derechos de sus contrincantes políticos y mostrara mesura en el uso de la fuerza pública. La prudencia, bien ejercida, es un acto de sabiduría que celebramos. El presidente y sus aliados no pueden olvidar el estrecho margen que los llevó a la victoria y la promesa que hicieron de ganarse la confianza de todos los colombianos, no solo de aquellos que piensan de su misma manera.
Sobre los balances políticos de la jornada no nos corresponde opinar. Es evidente que la oposición está en búsqueda de nuevos liderazgos y que el expresidente de la República, Gustavo Petro, ve en la calle la oportunidad de movilizar a sus bases. Están en su derecho, protegido por la Constitución. También haría mal el actual mandatario en creer que el inconformismo solo representa a un sector político particular. Los reclamos sociales se hacen a la Presidencia como institución y deben ser atendidos en el marco de diálogos. En particular, nos parece importante que las comunidades indígenas que están pidiendo espacio sean escuchadas, más allá de los anuncios que ya se hicieron.
No será el último editorial que hagamos sobre manifestaciones. Sabemos que hay varias anunciadas. Lo importante es que todos los involucrados mantengan su palabra de paz y que, si hay violencia, la fuerza pública actúe con eficiencia pero sin obviar la protección de los derechos fundamentales. Seguiremos atentos.
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