Haber convertido esta versión de la reforma a la salud en un punto de honor no permite que Colombia tenga una discusión sensata sobre la cirugía que necesita nuestro sistema. Después de meses de hostilidad, el Gobierno de Gustavo Petro logró aprobar en la Cámara el proyecto, mostrando que su coalición sigue teniendo dientes y que, por lo mismo, se puede dar el lujo de desconocer las voces críticas. Si bien compartimos la necesidad de reformar un sistema que está sepultado en deudas y que es susceptible de poner a los seres humanos, más que al negocio, en el centro, hay que tener cautela con el remedio que se quiere aplicar a la enfermedad. ¿Estará el Senado en capacidad de dar un debate con mayor altura? ¿Cambiará la Casa de Nariño su estrategia para construir un consenso más amplio sobre la reforma? Soñamos.
El presidente Gustavo Petro dijo hace poco que presentará la reforma a la salud las veces que sea necesario. El proyecto se convirtió en punto de honor de un gobierno reformista: a pesar de tener muchas otras propuestas sobre la mesa, es el proyecto de salud el que rompió la coalición de gobierno a principio de año, cobró el puesto de la exministra Carolina Corcho y generó el éxodo de ministros del gabinete. La llegada del ministro Guillermo Jaramillo prometió conciliación, pero pronto abandonó esa actitud y hoy es la cabeza de la lucha contra las EPS y los críticos de la reforma. En Casa de Nariño parecen sentir que el legado de esta presidencia depende del éxito de este proyecto.
El problema es que atrincherarse en la reforma sin abrir la puerta a cambios ha dejado serios cuestionamientos sin resolver. El articulado aprobado por la Cámara desaparece las EPS como las conocemos y nos aterriza en un modelo de pagador único, concentrado en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Aquí surgen preguntas: si la reforma diluye las funciones del sistema de salud en múltiples entidades, ¿cómo vamos a garantizar que se hablen entre sí? ¿Cómo mejora esto las quejas actuales hacia la burocracia excesiva? ¿Cómo garantizamos que los pacientes no entren en el caos de un sistema que se reinventó desde cero?
Otra pregunta abierta es por la financiación. Un problema del modelo actual es la falta de recursos, las deudas pendientes y los casos de corrupción. La reforma no atiende esta situación de fondo y sí abre un boquete para gastos sin control. La pelea que vimos esta semana por las auditorías a los futuros recursos de la ADRES muestra solo una pequeña parte de los líos en contratación que implica un cambio tan extremo.
El modelo de salud en Colombia necesita cambios profundos. En eso estamos de acuerdo con el Gobierno, así como en la necesidad de fomentar la salud preventiva. El objetivo debe ser la humanización del sistema, pero no es claro que la reforma, con su objetivo de cambiar radicalmente el servicio, lo logre. Que se haya convertido todo en una pugna política entre “enemigos del Gobierno” y defensores del “cambio” deja por fuera la realidad de que un sistema de salud tiene que responder a todos los colombianos y que no se construye de la nada. La incapacidad de hacer concesiones puede llevar al desastre, a dejar en vilo el sistema durante años mientras se implementa la reforma, y a desandar los avances de las últimas tres décadas. Todavía hay tiempo de tener una reforma que haga historia, pero necesitamos debates con una actitud muy distinta el año entrante.
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