La ruta alterna de Uber

No se puede hablar de justa competencia cuando las reglas no están claras.

Foto: Bloomberg - David Paul Morris

Uber se vendió como una revolución del transporte público en los países a los que entraba, pero en realidad pretendía romper el mercado, dejando en peores condiciones los derechos laborales de sus conductores, de los taxistas competidores y cerrándoles la puerta a las autoridades nacionales. Esa es la conclusión necesaria de los archivos dados a conocer por The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), donde se muestra cómo la multinacional con sede en Estados Unidos ha utilizado múltiples trucos de presión para cumplir sus objetivos.

En Colombia, el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien ha intentado sacar adelante una regulación que nivele la competencia entre taxistas y conductores de aplicaciones y garantice el justo pago de impuestos en el transporte público, fue contundente: “Ahora que se revelan las estrategias de Uber, es aún más claro que nunca ha querido que Colombia tenga una ley como la que yo propongo”, dijo, y con razón. Las regulaciones propuestas buscan el pago de impuestos sobre utilidades, reconocer los derechos laborales de los conductores que Uber con comodidad trata como “socios” —lo que en la práctica los deja desprotegidos— y nivelar los requisitos entre vehículos particulares y taxis. Estas iniciativas nunca tuvieron el impulso necesario. Pese a las promesas de una regulación en pocos meses que en su momento anunció la ministra de Transporte, Colombia sigue en un limbo jurídico en cuanto a las aplicaciones de transporte público.

Las experiencias internacionales parecen darle la razón a Toro. En Holanda, por ejemplo, cuando las autoridades hicieron una inspección de las oficinas de Uber, la empresa utilizó un software para desconectar todos los computadores de la red de la multinacional y ocultar así la información que buscaban. En Rusia hicieron fuertes alianzas con oligarcas para ganar el favor de Vladimir Putin. En todos los países, las protestas violentas de los taxistas fueron usadas como excusa para hacer un fuerte cabildeo en favor de regulaciones laxas que le permitieran a Uber funcionar sin los mismos requisitos que el transporte público tradicional.

Tal vez la práctica más dañina fue la de romper el mercado. Durante meses después de llegar a un país, Uber utilizó una estrategia doble: ofrecer subsidios a los conductores al mismo tiempo que básicamente regalaba el costo de las carreras. Eso generó falsas expectativas de ingresos entre los conductores e hizo que los taxis, que muchas veces tienen que pagar sobrecostos como licencias de funcionamiento, fueran más caros y se quedaran sin trabajo. Una vez garantizado el monopolio, los subsidios eran eliminados.

No se puede hablar de justa competencia cuando las reglas no están claras. Hemos apoyado siempre la apertura del país a las nuevas tecnologías, pero su inclusión debe considerar los derechos de los trabajadores y nivelar la cancha con los taxistas, quienes trabajan soportando costos enormes y con pocas garantías laborales. ¿Estarán el Congreso y Gobierno entrantes dispuestos a darse la pela por una regulación justa?

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