Así, el planteamiento original de la Ley 100 determinó, siguiendo la llamada “especialización de roles”, que las EPS y las IPS estuvieran separadas: una debía administrar el riesgo y otra atender a los pacientes en centros médicos, clínicas y hospitales. No obstante, al poco tiempo de la implementación del modelo, se fue perdiendo tal distinción. De aquí que los congresistas Simón Gaviria y Liliana Benavides adelantaran proyectos en el Congreso para impedir, o por lo menos retrasar, las consecuencias nefastas que se desprenden cuando las EPS se hacen dueñas de las IPS. Esta integración, conocida como integración vertical de la salud, no es necesariamente mala, sin embargo, tal y como están las reglas del sistema, permitirla es aceptar la postergación o negación de los servicios a los usuarios.
Cuando el Estado, después de la quiebra del ISS, le encargó la salud a privados, lo hizo como cualquier servicio público: con estricta regulación gubernamental. Las EPS en muchas partes del mundo compiten por precios, pues las personas pueden decidir por cuánto asegurarse y determinar los beneficios por los que están dispuestos a pagar. En Colombia, por el contrario, el Estado determina los beneficios —POS o tutela en su defecto— y fija la prima o UPC, que está sujeta al ingreso, y que cuando éste no alcanza, las finanzas públicas cubren el diferencial. Es por esto que, contrario a lo que se cree, el asegurador de los colombianos es realmente el Estado, no las EPS. Éstas no administran riesgo, su trabajo es hacer lobby para que se aumente la prima cada año. A las EPS les gusta decir que su relación sí es de mercado porque compiten por calidad. Sin embargo, el país tiene cerca de 70 EPS, ¿alguien puede realmente listar las 10 mejores?
No obstante, lo que sí se puede saber, y con bastante facilidad, es que en el interés de las EPS está tener muchos más cotizantes que usuarios atendidos. Al contrario, las IPS, es decir, los centros médicos, clínicas y hospitales, ganan por usuarios atendidos, no cotizantes. ¿Qué pasa, entonces, si se permite que las EPS sean dueñas de sus IPS? El conflicto de intereses es claro y no hay que indagar muy a fondo para saber que la integración irá en detrimento de las personas, pues siendo dueñas de los centros de salud las EPS podrán determinar, a conveniencia, qué y cuántos servicios prestar. Además, se hará más difícil para las IPS independientes competir y con el tiempo toda la infraestructura de salud les pertenecerá a las EPS, lo cual aumentará su capacidad de negociación. Escenarios, ambos, adversos.
La reforma de Simón Gaviria, que pretendía impedir la integración por completo, fue anulada el viernes pasado. Según muchos, se trata de una gran derrota del usuario. Y, como están las cosas, lo es. Sin embargo, lo que pretendían parcialmente reversar los congresistas a las malas es algo que tiene pendiente el Gobierno hacer hace tiempo a las buenas: poner el sistema en orden. Esto significa que si, por ejemplo, se acepta la integración, como se ha hecho ya en un porcentaje definido en 30%, se obligue entonces a que las EPS, a pesar de tener sus propias clínicas, no restrinjan el acceso a sus centros de salud sino que le permitan al usuario ir al que desee. Esta regla simple resolvería el conflicto de intereses y como ésta otras modificaciones en las normativas podrían enderezar un sistema que, a punta de lobby, ha venido perdiendo su estructura. No obstante, para ello se requiere un Ministerio de Protección Social más pronto a asumir la dirección del sistema que a tomar partido entre gremios. La salud está en crisis no por intereses particulares, sino por la negligencia del Estado para regularlos. No se puede pretender que la salud funcione sola y menos por benevolencia.
Por El Espectador
