El año pasado la cifra se redujo casi a la mitad. Aunque 15.817 asesinatos reflejan una sociedad todavía enferma, pasar de una tasa de 67 muertos por cada 100 mil habitantes a una de 33 por cada 100 mil es una reducción notable. Además de la vida, se ha recuperado también la libertad: en 2001 hubo 3.800 secuestros registrados, mientras en 2009 se reportaron apenas 200 casos. De igual forma, la lucha contra el narcotráfico, si bien no parece anunciar aún una victoria, sí ha dado resultados y ha devuelto la confianza en las instituciones. Finalmente, una incautación de cerca del 50% de las drogas producidas demuestra, cuando menos, una consolidación de la Fuerza Pública y sus organismos de inteligencia. En los últimos años este fortalecimiento lo viene experimentando con especial intensidad la Policía Nacional, que logró disminuir su déficit de pie de fuerza y cuenta hoy con el servicio de 80.000 hombres y mujeres.
Los logros, sin embargo, no implican que la tarea esté ya acabada y se pueda descuidar. Así insistió David Spencer, especialista en estudios de insurgencias latinoamericanas, ayer durante el Foro de El Espectador. Según el analista, que ha seguido durante los últimos años el conflicto colombiano, “el 80% del camino ya está recorrido, pero falta el 20% más difícil: consolidar los logros en seguridad”. Spencer, quien recordó que hace una década cuando llegó al país ni el mejor de los pronósticos apuntaba a tan buenos resultados, insistió que el giro hacia la prosperidad democrática del presidente Santos no es un mero asunto de publicidad, sino el paso inevitable en la consolidación de la paz. Detrás de las Fuerzas Armadas debe llegar el Estado con su institucionalidad y permanecer en el lugar durante años hasta que la cultura de la ilegalidad se haya perdido.
No obstante, enfatizó, se está perdiendo en este punto el acuerdo: “Colombia no puede darse el lujo de creer que superó sus tiempos de violencia”, aseguró Spencer. “El gran éxito del presidente Uribe se debe a que recibió, después del fallido proceso de paz, una nación decidida a derrotar la ilegalidad”. Este consenso es fundamental, recalcó también Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, a quien se le atribuye bajar en un 60% los índices de criminalidad durante sus dos períodos. Cuando recibió la jefatura de la “Gran Manzana”, recuerda Giuliani, la revista Times sacó en su portada una manzana podrida para ilustrar el estado de deterioro de la ciudad. “Como los colombianos de los 90, los neoyorquinos estaban desesperados y me eligieron en 2001 sólo para poder caminar por las calles con tranquilidad”. El consenso ciudadano le dio el apoyo a Giuliani, quien desarrolló una nueva estrategia: los pequeños criminales también importan.
En una ciudad capturada por las mafias, los policías se habían dedicado a perseguir a los grandes, olvidando los crímenes menores; esto, aseguró Giuliani, “sólo generó una cultura de la tolerancia en la que ser asesinado era lo usual”. Cambiar la cultura fue difícil, recuerda, pero los resultados llegaron también rápido. Experiencia que bien podrían aprovechar nuestras ciudades, las cuales no han podido reducir como deben sus niveles de delito. Más información, más pie de fuerza, más entrenamiento y más presencia del Estado son cruciales para no retroceder en un par de años lo alcanzado en diez. Es difícil la tarea de Santos, coincidieron los foristas, pues debe mantener el esfuerzo en seguridad al tiempo que abona con educación, salud y oportunidades el terreno para la paz. Sin embargo, se requiere que el esfuerzo se mantenga y no se dispersen la atención y los recursos en proyectos que, a diferencia de la paz, sí pueden esperar un par de años.