La sífilis es una enfermedad sanguínea, sexual y perinatal que se transmite por el contacto de alguna de las llagas o úlceras que produce, ya sea por contacto oral o a través de relaciones sexuales. Asimismo, puede propagarse de una madre en gestación al futuro hijo. Según datos de la Secretaría de Salud de Bogotá, la sífilis congénita tuvo una disminución de 211 a 119 casos entre 2014 y 2015. Sin embargo, el año pasado volvió a aumentar, llegando a 130 casos (casi 11 por mes) y, en el 2017, con cifras actualizadas hasta el mes de agosto, hay 103 personas contagiadas (casi 13 al mes). En cuanto a la sífilis gestacional (pasada de madre a hijo), en 2013 se presentaron 560 casos y el año pasado hubo 648.
Las autoridades de salud dicen que las cifras no deben generar alarma pues se explican, especialmente, por un cambio en la manera en que se da el reporte. Además, la Secretaría de Salud le dijo a El Espectador que ha tomado medidas, como un programa para que las personas tengan mayor acceso a exámenes diagnósticos. “Todo esto permite reducir el número de nuevas infecciones, facilitando un diagnóstico temprano y el comienzo de un tratamiento oportuno”, dijo la administración.
Si bien es cierto que las cifras no son suficientes para decir que el trabajo de las autoridades tiene deficiencias serias, sí son un motivo para preguntarse qué se está haciendo, y no sólo en Bogotá, sino a nivel nacional, para enfrentar este tipo de enfermedades. Como contó Bibiana Pineda, de Así Vamos en Salud, la mayor incidencia de la sífilis en la capital se da en barrios donde confluyen las trabajadoras sexuales, población vulnerable y flotante, lo que dificulta la atención y el seguimiento. ¿No es ese acaso un argumento contundente para seguir insistiendo en la necesidad de regular de manera seria e integral el trabajo sexual?
Lastimosamente, el Congreso de la República, en el tema del trabajo sexual, ha demostrado su incapacidad habitual para atender temas urgentes que caen dentro de los prejuicios morales de los colombianos. El único proyecto reciente sobre el tema fue el que presentó Clara Rojas, que tenía la dañina perspectiva de la prohibición. Lo que las trabajadoras sexuales del país necesitan es una legislación que les permita ejercer su oficio teniendo todas las protecciones de las autoridades y las garantías de que no van a ser violentadas en ningún momento. Si el problema es que se trata de una población vulnerable y flotante, ¿por qué no empoderarla y crear una regulación que no las obligue a esconderse, que sea una alternativa viable a la clandestinidad?
Claramente, el problema de la sífilis y de las enfermedades de transmisión sexual no es un asunto exclusivo de las trabajadoras sexuales. Estas cifras nos invitan a preguntarnos si el tema del sexo se está tratando con la vehemencia y apertura necesarias para que todos los colombianos tengan las herramientas para tomar decisiones informadas. Ahí, de nuevo, nos chocamos con los prejuicios y los proyectos moralistas que pretenden esconder esta información, cuando en la práctica debería estar en todos los espacios públicos nacionales. Otros países lo han logrado. Como explicó Luis Jorge Hernández, profesor de salud pública de la Universidad de los Andes, “hay que hablar claro a los jóvenes y desvirtuar los mitos sobre la sexualidad”. Es imperativo. No podemos tener un país que se enferma por ignorancia y miedo a estos temas.
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